La Delegación en Ibiza de la Federación Balear de Caza junto con la Sociedad de Cazadores Sant Josep ha reclamado a las administraciones locales e insulares una intervención urgente ante el incremento notable de la población de gatos sin propietario en la isla. Según ambas entidades, desde la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal en septiembre de 2024, determinados colectivos animalistas han impulsado una gestión orientada al concepto de «gato comunitario», que para ellos asigna a estos animales derechos equivalentes a los humanos.
Las organizaciones denunciantes aseguran que algunas asociaciones, amparadas en su interpretación de la normativa, estarían liberando gatos abandonados en propiedades privadas sin ningún tipo de identificación y consideran que solo ellas tienen autoridad para gestionar la situación. Añaden que estos felinos son alimentados sin control, lo que genera molestias a vecinos, mascotas domésticas y altera la fauna autóctona de Ibiza.
Desde estas entidades, se insta a que las autoridades exijan el cumplimiento estricto de la normativa en materia de biodiversidad y salubridad, así como a responsabilizar a las organizaciones que promueven estas prácticas del coste asociado, que incluiría aspectos relacionados con seguridad vial y limpieza pública. Así, alertan de una «negligente rutina» que deteriora el entorno natural y provoca problemas de insalubridad preocupantes para la ciudadanía.
El origen
El comunicado detalla que el origen de los gatos ferales responde a diversas fuentes: liberaciones desde centros de acogida sin chip, escapadas o abandonos desde clínicas veterinarias, camadas de animales silvestres y desatención de particulares. Además, critican la proliferación de la oferta de gatitos «a cambio de un pequeño donativo» a través de redes sociales, situación que interpretan como una «venta encubierta» que termina en abandono para los ejemplares no adoptados.
Las organizaciones proponen medidas concretas para reducir los llamados ‘puntos ilegales de concentración’ de gatos, catalogados como focos generadores de suciedad y enfermedades. También acusan a algunas asociaciones animalistas de invadir terrenos privados, coaccionar a funcionarios y ciudadanos y presentar una versión parcial de la realidad. Según afirman, los protocolos de Captura, Esterilización y Retorno (CER) son «ilegales en muchos aspectos» y señalan que en Ibiza no existe ni una sola colonia felina registrada de forma legal, lo que entienden como abandono encubierto de los animales.
Responsabilidades
Las entidades recalcan que alimentar gatos en la vía pública está prohibido y que cualquiera que lo haga debe cumplir con las obligaciones legales correspondientes, como identificación y cuidado veterinario, además de asumir los daños ocasionados. Indican que las administraciones han recibido «no pocas quejas» respecto a los perjuicios generados por esta situación y que las personas que lo denuncian han sufrido campañas de acoso y difamación.
A su juicio, la gestión actual ha sido «nefasta», provocando una creciente y descontrolada población felina fomentada por la sobrealimentación y el abandono frecuente.
Por ello reclaman una «intervención decidida y efectiva» de las autoridades para resolver un conflicto que afecta tanto a los animales como a la ciudadanía. Entre las acciones, proponen reducir la natalidad mediante la castración, implementar una identificación masiva y eliminar los puntos de alimentación. Además, animan a que los afectados comuniquen sus quejas a las administraciones públicas para evidenciar que «la opinión animalista no es la única».
Impacto sobre la biodiversidad
Respecto a la biodiversidad, las organizaciones recuerdan que, aunque los gatos estén castrados y bien alimentados, mantienen su instinto cazador y continúan afectando especies autóctonas y endémicas. Apuntan también a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que tipifica como infracción «las sueltas no autorizadas en el medio natural de animales domésticos», y cuestionan «con qué permisos se estarían liberando gatos en propiedades privadas».
En materia de salud pública y seguridad vial, señalan que numerosos municipios prohíben el alimento de animales en la vía pública, pero se está sustituyendo por la alimentación en terrenos privados, lo que genera olores, excrementos y proliferación de parásitos como pulgas. Alertan especialmente sobre la presencia de felinos en zonas sensibles como colegios, residencias y parques, donde la limpieza se ha convertido en «una indeseable rutina».
Entre los riesgos sanitarios mencionan la toxoplasmosis, que puede afectar subclínicamente a parte de la población, junto a otras enfermedades como tiña o sarna. Advierten sobre el riesgo de complicaciones graves en mujeres embarazadas y daños neurológicos en niños debido a estas parasitosis.
El método CER
En relación con la técnica de Captura, Esterilización y Retorno (CER), los cazadores sostienen que «nunca funcionará» como se aplica actualmente en Ibiza, ya que solo sería eficaz en poblaciones cerradas con control estricto y sin entrada de nuevos ejemplares. Denuncian que los actuales puntos de alimentación no son más que «simples cebaderos» donde conviven gatos castrados con otros sin esterilizar, sin ningún tipo de control ni trazabilidad, lo que perpetúa las colonias.
La respuesta
El colectivo de protectoras felinas de Ibiza respondió este viernes al comunicado enviado por la Federación Balear de Caza y la Sociedad de Cazadores de Sant Josep. Estas organizaciones defienden que el método CER (captura, esterilización y retorno) está respaldado por la ley y la ciencia y descartan las acusaciones vertidas contra ellas.
Según las protectoras, la Ley 7/2023 sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales reconoce explícitamente a los gatos comunitarios y establece que su manejo corresponde a las administraciones públicas mediante programas éticos de esterilización, identificación y retorno. «El método CER no es una moda ni una ocurrencia, sino una obligación legal avalada por la ciencia, experiencia y ética», han señalado, subrayando que el origen del problema está en la tenencia irresponsable y el abandono por parte de particulares que incumplen la identificación y esterilización obligatoria.
El colectivo explica que su tarea no consiste en liberar gatos ni crear colonias, sino en gestionar poblaciones felinas ya existentes en entornos urbanos, rurales o mixtos, aplicando protocolos para su captura, esterilización, control sanitario y retorno. Su principal objetivo es reducir el número de animales, mejorar su bienestar y favorecer la convivencia con las personas.
Respecto al método CER, afirman que está reconocido por la legislación estatal y las directrices técnicas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como la única medida ética y eficaz para el control de la población felina. Aplicado correctamente, reduce progresivamente colonias, mejora la salubridad y la convivencia entre humanos y animales.
Las protectoras también defienden la protección de la biodiversidad y fauna autóctona y aclaran que no fomentan la presencia de gatos en espacios naturales protegidos. Cuando existen colonias en zonas de especial valor ecológico, deben ser gestionadas y alimentadas por las administraciones públicas, que son responsables de su bienestar, esterilización y control sanitario.
LuciferBienvenido colega. Entre los dos no da más peso. El texto perfecta realidad. todo puesto al punto. Pero la realidad a veces duele.