El colectivo de protectoras felinas de la isla de Ibiza ha salido al paso del comunicado de prensa remitido a Periódico de Ibiza y Formentera por la Delegación en Ibiza de la Federación Balear de Caza y la Sociedad de Cazadores Sant Josep en el que exigían soluciones al «creciente» problema de los gatos ferales en la isla, además de acusar a las protectoras de animales de soltar gatos en fincas privadas.
«La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales reconoce expresamente la figura de los gatos comunitarios y establece que su control corresponde a las administraciones públicas, que deben aplicar programas éticos de esterilización, identificación y retorno al territorio. El método CER de esterilización no es una ocurrencia ni una moda: es una obligación legal, avalada por la ciencia, la experiencia y la ética», expresan los ‘gatistas’.
Prosiguen explicando que el «origen» del problema «no está en las asociaciones que cuidan de estos animales sino en la tenencia irresponsable y el abandono por parte de particulares que no cumplen con la identificación ni la esterilización obligatorias». «La verdadera solución pasa por educar, prevenir y sancionar el abandono, no por perseguir a quienes gestionan con responsabilidad una realidad generada por la falta de compromiso de parte de la ciudadanía y por la inacción de algunas administraciones», aseguran con contundencia.
Desmienten, además, que no liberan gatos ni crean colonias, al tiempo que defienden que su labor «consiste en gestionar las poblaciones de gatos comunitarios ya existentes, tanto en entornos urbanos como rurales y mixtos, aplicando, siempre que se nos permite, protocolos de captura, esterilización, control sanitario y retorno. Nuestro objetivo es reducir el número de animales, mejorar su bienestar y favorecer la convivencia con las personas». En este sentido, ponen de ejemplo a Sant Josep, municipio en el que, según explican, el Ayuntamiento «no está identificando ni esterilizando gatos comunitarios, incumpliendo así su deber legal. Son las asociaciones y las voluntarias quienes, con recursos propios, asumen una responsabilidad que corresponde a los poderes públicos. Esta falta de implicación institucional agrava el problema, perpetuando las camadas no deseadas y aumentando el número de gatos en el territorio».
En cuanto a las autorizaciones, las protectoras afirman que «siempre» piden permiso y colaboración a las administraciones o dueños de los terrenos, «pero con frecuencia nos encontramos con falta de respuesta, trabas burocráticas o indiferencia. Esta ausencia de coordinación deja a las gestoras en una situación de vulnerabilidad y genera malentendidos que podrían evitarse si existieran protocolos claros, censos actualizados y canales de comunicación estables».
Quieren aclarar también que el método CER es completamente legal. «La propia normativa estatal y las directrices técnicas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo reconocen como la única herramienta eficaz y ética de control poblacional felino. Cuando se aplica correctamente, el CER reduce progresivamente las colonias, mejora la salubridad del entorno y favorece la convivencia».
También están a favor de proteger la biodiversidad y la fauna autóctona. «Precisamente por eso, el colectivo no crea colonias ni fomenta la presencia de gatos en espacios naturales protegidos o zonas de especial valor ecológico. Cuando existen gatos comunitarios en un lugar deben ser gestionados y alimentados bajo la responsabilidad de la administración pública, que es quien debe garantizar su bienestar, su esterilización y su control sanitario».
«Los gatos comunitarios no cazan como ustedes; su supervivencia depende de las personas y del alimento proporcionado por quienes los cuidan o por las instituciones», afirman con contundencia las protectoras de gatos. «Por eso, abandonarlos o negarles comida no solo es cruel, sino también contrario al espíritu de la ley y al equilibrio que requiere toda comunidad responsable».
En materia de salud pública, «es esencial basarse en datos y no en prejuicios. Los gatos comunitarios no representan un riesgo sanitario relevante cuando son gestionados adecuadamente. El verdadero riesgo aparece cuando se impide su control, se obstaculiza la esterilización o se prohíbe alimentarlos, favoreciendo su dispersión y el abandono».
Resaltan también que los gatos comunitarios «forman parte de la realidad, tanto en zonas rurales como urbanas y su gestión correcta es una cuestión de salud pública, bienestar animal y civismo».
Por todo ello, el colectivo de protectoras felinas de la isla de Ibiza reclama a las administraciones «que cumplan con la ley, que implementen programas CER efectivos, que censen las colonias existentes y que asuman su obligación como responsables directas del bienestar de los gatos comunitarios».
Concluyen afirmando que la «gestión ética» de los gatos «no es un lujo ni una ideología: es una responsabilidad pública, una obligación legal y una oportunidad educativa para construir una Ibiza más respetuosa, saludable y solidaria»
En lluisA ver tertuliano biólogo, zoólogo, botánico, etc...tener un gato en su casa está bien y hace parte de la cultura humana, tengo mi gatita hace años y soy muy feliz. Sin embargo, tener a miles de gatos por todos los lados no es normal y destruye el medio ambiente animal, porque es tan difícil entenderlo? Los gatos son felinos y siguen sus instintos, por eso matan insectos, aves y reptiles (nuestras SARGANTANAS).