El procedimiento judicial abierto para esclarecer la supuesta contratación irregular de servicios a la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba) durante la legislatura 2015-2019 continúa avanzando con la toma de declaraciones testificales por parte del Consell de Ibiza. Según confirmaron este jueves fuentes de la institución insular, en las últimas semanas se han practicado varias testificales a petición del juez instructor en este proceso penal.
Un esclarecimiento que, según la propia entidad, está resultando muy lento. Cabe recordar que hace casi dos años que Amadiba recurrió a la vía judicial para exigir al Consell el pago de una deuda de 2,2 millones de euros por los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual que la entidad prestó entre 2017 y 2019. «Todavía seguimos esperando una resolución en el procedimiento contencioso-administrativo que presentamos contra el Consell d’Eivissa para reclamar este pago», lamentó la gerente de Amadiba, Jane King, explicando que el recurso fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, pero desde entonces el proceso no ha registrado avances significativos.
Demanda
«Pusimos la demanda hace dos años y no sabemos absolutamente nada. No nos han puesto fecha para declaraciones ni nada de nada. Va súper lento, pero ya sabemos cómo funciona la justicia», destacó, explicando que los abogados de la entidad tampoco disponen de información sobre los plazos previstos.
«No tenemos ni idea de cuándo se resolverá. Los expedientes se reparten y cada juez lleva su carga de trabajo», reconoció. King recordó que la reclamación se remonta a los años en que el anterior equipo de gobierno insular, formado por PSOE y Guanyem, encargó a Amadiba la gestión de varios servicios de atención a personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, la asociación sostiene que el Consell no abonó los importes correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2019, lo que generó un importante «agujero económico» en sus cuentas.
«El impacto fue grande. Hemos tenido que recurrir a productos financieros de los bancos, adelantando facturas de servicios para poder mantener la actividad», apuntó la gerente, quien calificó la situación como «una pura ingeniería financiera» para sostener la continuidad de los programas asistenciales.