Los vecinos afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe se sienten hoy un poco más alegres y esperanzados tras conocer el contenido del informe que concluye que la rehabilitación del inmueble es viable, tal como ellos siempre han sostenido. Según explicaron ayer a este rotativo, se han enterado por los medios de comunicación de todas estas novedades, por lo que «nos falta ese tiempo para valorar e informar a todos».
La portavoz de los vecinos, Silvia Hernández, aseguró que la pesadilla puede estar a punto de acabar, una vez se han cumplido cinco años y medio del primer desalojo. «En general estamos ilusionados, pero también expectantes porque no debemos olvidar que hay muchas cosas que atar y una negociación de por medio. Ellos nos dan el permiso y se revierte la ruina y nosotros, a cambio, retiramos todo lo que hay», apostilló.
En concreto, una transacción judicial pondría fin a los pleitos abiertos en los juzgados contra la declaración de ruina del edificio y el desalojo de los vecinos.
Este lunes, en un pleno extraordinario de Sant Josep, se debatirá si se permite al alcalde llegar a un acuerdo con los vecinos para una transacción jurídica y poner fin a los pleitos. Por la tarde, los vecinos celebrarán una asamblea para abordar todas las novedades.
Hernández consideró que «ahora parece que la cosa va en serio, aunque ha sido lento», más cuando la intención era contar con todas las garantías legales para evitar dar pasos atrás.
La portavoz explicó que, entre los flecos que deben atarse, se incluye el coste de la reforma, que asciende a 3,7 millones de euros. Esto supondría un gasto para cada uno de los 50 apartamentos desalojados de más de 74.000 euros. «La cantidad asusta, pero debemos mirarlo bien. Ahora es precipitado decir nada», insistió.
A título personal, Hernández recordó que lleva desalojada de su casa cinco años y medio, por lo que el nuevo informe supone para ella «un alivio, porque se ha visto que no estábamos locos ni somos unos inconscientes y siempre hemos mantenido que las viviendas no tenían ruina». Según lamentó, durante este tiempo han tenido que sufrir una lucha enorme e injusta, puesto que «lo que no puede ser es que un ciudadano tenga que enfrentarse a una administración, que cuenta con todas las herramientas posibles».
Informe
La sorpresa saltó hace unos días, cuando se conoció el contenido del informe técnico actualizado sobre el estado del Bloque A de los apartamentos Don Pepe, desalojado completamente en diciembre de 2021 tras su declaración en ruina. Dicho estudio concluye que el inmueble es plenamente «rehabilitable», tal y como siempre han sostenido los vecinos. El estudio, elaborado por el arquitecto Iván Torres y el arquitecto técnico Joan Planells, se ha realizado tras una inspección visual al edificio este mes de diciembre.
La inspección confirma que las patologías detectadas en 2020 persisten y se han propagado a otras escaleras del edificio tras estos cinco años, pero no se han detectado daños nuevos ni problemas de estabilidad global. Las patologías identificadas han sido corrosión de armaduras, desprendimientos, pérdida de recubrimiento, fisuración, deterioro de frentes de forjado y humedades persistentes. Unos daños que, aun siendo graves, «son completamente compatibles con soluciones de refuerzo y reparación».
Para los técnicos, el edificio no es habitable y debe mantenerse desalojado y apuntalado, ya que existe riesgo de desprendimientos locales, aunque la estabilidad global del bloque no está comprometida de forma inmediata. Por esta razón, recomiendan mantener el edificio desalojado hasta finalizar la rehabilitación, revisar y reforzar el apuntalamiento existente, redactar un proyecto de ejecución de rehabilitación integral, establecer un plan de control de calidad y ensayos específico y incorporar un plan de mantenimiento periódico.
Asunto: Posible irregularidad administrativa – Caso Don Pepe, Ibiza La Administración podría estar usando la ausencia o desaparición de documentos para perjudicar a los administrados. Posibles delitos involucrados: Prevaricación administrativa (art. 404 CP) Ocultación o destrucción de documentos públicos (art. 413 CP) Falsedad documental por omisión (art. 390 CP) Abuso de autoridad (art. 542 CP) Responsabilidad patrimonial por daños causados por documentos no conservados (CE art. 106.2 y Ley 40/2015). En Baleares, la normativa refuerza la obligación de conservación y protege la confianza legítima de los administrados