Cerca de 400 pateras y casi 7.000 inmigrantes irregulares han llegado a las costas de Baleares a lo largo de 2025. Ibiza y Formentera han sido las que más han sufrido esta avalancha. Sobre todo porque sus consells insulars han visto cómo sus sistemas de protección de menores se tensaban al máximo para poder atender a los menores extranjeros no acompañados (más conocidos como menas) llegados a bordo de estas embarcaciones.
En la última semana del año, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, fue claro al respecto en su entrevista con Periódico de Ibiza y Formentera: «Nuestros servicios de menores no están ni dimensionados ni pensados para atender esta presión migratoria que sufre Ibiza y no paramos de exigir que el Gobierno de España atienda esta situación. Se está traficando con personas mayores y menores. Es un negocio macabro (…) hay que parar esta sangría de llegadas de inmigrantes. La inmigración tiene que existir porque es necesaria pero de una manera reglada».
En lo que a los menores extranjeros no acompañados se refiere, el Consell de Ibiza gasta ahora mismo una media de 9.000 euros mensuales en tutelar a cada uno de los 110 que tiene hoy acogidos. Una cantidad de dinero que el propio Marí reconoció que «da vergüenza decirlo».
En septiembre, una comitiva balear encabezada por la presidenta Marga Prohens y en la que también viajaron los presidentes de Ibiza y Formentera se reunió con el comisario europeo de Interior y Migración, Maguns Brunner, para exigir soluciones a una situación que no ha dejado de agravarse. Sobre todo, para solicitar la activación en las Islas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como FRONTEX. Estos agentes ya trabajaban desde febrero en Baleares. Sin embargo, carecen de base propia en el archipiélago. Una base que debería solicitar el Gobierno de Pedro Sánchez.
La avalancha de pateras tensó más aún la relación entre el Govern y el Ejecutivo central que, a finales de 2025, ha seguido negándose a reconocer que la ruta de las pateras entre Argelia y las Islas está ya más que consolidada. El viaje del ministro de Interior, el socialista Fernando Grande Marlaska, a Argelia en noviembre se saldó sin ningún resultado que permitiera augurar el fin de este problema. Así lo denunció posteriormente el senador ibicenco, Miquel Jerez, quien afirmó entonces que «el Gobierno no tiene una política migratoria seria ni una estrategia clara, especialmente cuando Baleares es la comunidad autónoma más afectada por la llegada de pateras procedentes de Argelia».
Tampoco hubo acuerdo a la hora de materializar el reparto por todo el país de menores extranjeros llegados a las costas de Canarias. Baleares se opuso firmemente a este reparto por considerar que el archipiélago es también destino directo de estas pateras y que los sistemas de protección de menores insulares no podían asumir la situación por encontrarse ya al límite.
El Ejecutivo central sigue negándose a reconocer que la ruta de las pateras entre Argelia y las Islas está ya más consolidada
Argelia, por otro lado, fue también este año el país destinatario de una petición directa del Consell de Ibiza. El país árabe quería que se repatriara a siete menores que habían llegado a la isla a bordo de una embarcación robada en un puerto argelino. Y la institución le exigió que se hiciera cargo de ellos pero también de los otros 70 que ya tutelaba Ibiza. Una petición que, a finales de año, aún no había recibido respuesta.
Las crisis migratoria, finalmente, tiene otros aspectos llamativos que han obligado a las instituciones ibicencas a tener que gestionar cuestiones inéditas. Fue el caso este año del Ayuntamiento de Ibiza, que se hizo cargo de la perrita Ikram, llegada a las costas del municipio a bordo de una patera con su cartilla de vacunación, en la que no figuraba la vacuna contra la rabia. El hecho de que esta enfermedad sea endémica en Argelia y esté prácticamente desaparecida en España obligaba inicialmente a sacrificar al animal. Pero el concejal de Bienestar de Vila, Manu Jiménez, logró sortear esta obligación impuesta por el Gobierno central sometiendo a Ikram a un periodo de cuarentena que finalizará en breve. Una situación similar se ha vivido a finales de año en Santa Eulària, donde el PACMA ha dado a conocer la llegada de una pequeña caniche a bordo de otra patera. Aislada en en las instalaciones del Centro de Protección de Animales Domésticos, la perra, de cuatro meses de edad, carece de cartilla de vacunación. El animal llegó a Santa Eulària a principios de diciembre y desde el Govern se resolvió que debía ser sacrificado. Sin embargo, el Ayuntamiento de la Villa del Río ha propuesto derogar esta orden y aplicar medidas de aislamiento, vacunación y control sanitario garantizando la seguridad pública y el bienestar animal.