El Govern balear ha vuelto a alzar la voz ante la llegada continuada de inmigración irregular a las costas del archipiélago, reclamando al Gobierno central la adopción inmediata de medidas para frenar una situación que considera ya «consolidada», «permanente» e «insostenible».
En este sentido, el director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, advirtió, durante el balance de la crisis migratoria en Baleares, que el inicio de 2026 reproduce el mismo escenario con el que se cerró 2025, con nuevas pateras llegando a las islas en los primeros días del año y unos recursos de atención humanitaria y de protección de menores «completamente colapsados».
Asimismo, recordó cómo, en los últimos días, se han producido nuevas entradas de pateras, con especial incidencia en las Pitiusas, donde se ha registrado cerca de la mitad de las llegadas contabilizadas en el conjunto de Baleares. En total, se han localizado cuatro pateras con 65 personas de forma irregular en las Pitiusas.
Una cifra que se suma a las registradas en los primeros días del nuevo ejercicio, hasta alcanzar un total de 147 personas en un corto espacio de tiempo. En esta línea, Pavón reconoce que no es optimista respecto a la evolución de la situación a lo largo del año. «Todo apunta a que 2026 puede registrar un nuevo récord de llegadas de inmigración irregular, superando incluso las cifras del ejercicio anterior», destacó a Periódico de Ibiza y Formentera.
Ruta consolidada
También lamentó que estas cifras confirman que «no se trata de episodios puntuales ni coyunturales, sino de una ruta migratoria plenamente establecida entre Argelia y las islas», cuya continuidad está generando una presión creciente sobre los servicios públicos autonómicos.
Recordó que durante 2025 fueron más de 7.300 las personas que alcanzaron el archipiélago de manera irregular, una cifra que contrasta con las apenas 20 llegadas registradas en 2016. «Los datos hablan por sí solos», subrayaron desde el Govern, considerando que esta evolución evidencia un problema estructural que requiere respuestas de carácter estatal e internacional.
Aunque Pavón reconoció que la protección y el control de fronteras no son competencias autonómicas, insistió en que sí lo es exigir el cumplimiento de la normativa y reclamar al Estado que adopte medidas eficaces para frenar la ruta migratoria.
En este sentido, acusó al Ejecutivo central de «inacción» y sostuvo que la falta de respuestas está «favoreciendo el negocio de las mafias y organizaciones criminales» que se lucran de la desesperación de las personas migrantes. A la dimensión humanitaria, el Govern añadió también un impacto económico directo sobre las arcas públicas. Durante el último año, indicó Pavón, han llegado a las costas baleares cerca de 400 pateras, cuya retirada, tratamiento y descontaminación tiene un coste medio de unos 600 euros por embarcación. Un gasto que, según el Govern balear, acaba asumiendo la comunidad autónoma y, en última instancia, los contribuyentes. Por todo ello, el Govern balear reclamó al presidente del Gobierno, al ministro del Interior y al delegado del Gobierno en Baleares que adopten medidas «de una vez por todas».
Desde el Govern se insistió en que la situación es conocida por los profesionales que trabajan sobre el terreno y que así lo han expresado públicamente tanto sindicatos policiales como asociaciones de la Guardia Civil y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Pavón destacó que durante el pasado fin de semana diversas organizaciones policiales desmintieron de nuevo las afirmaciones del delegado del Gobierno sobre la situación real en las islas, denunciando la falta de recursos y medios para controlar la crisis migratoria en Ibiza y Formentera.
Y todo apunta que los fachapobres siguen igual con los bulos y mentiras, jajajja. Aver si os entra en la cabeza (que lo dudo): sin papeles no se puede votar. Y siendo extranjero tampoco se puede votar en las generales, ni alemanes, ni franceses, ni africanos ni sudamericanos. Pero nada, loritos. A seguir en vuestra cueva.