Periódico de Ibiza y Formentera sondea a la sociedad ibicenca para conocer de primera mano la opinión de la sociedad ibicenca sobre el nuevo decreto del Gobierno acordado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que modifica los plazos para poder acceder a la regularización de los inmigrantes en situación irregular. Con la aprobación de este decreto, el requisito de residencia se reduce, desde los dos años actuales, hasta los cinco meses, y podría beneficiar a más de medio millón de personas que se encuentran en situación irregular a día de hoy en nuestro país. No modifica, en cambio, el requisito de no tener antecedentes penales para obtener esa regularización, que se mantiene sin cambios.
Entre esa sociedad ibicenca, a Javier le parece que este decreto «es correcto y tenía que hacerse» porque afecta a «gente que ya está aquí desde hace un tiempo y queda en una situación jurídica adecuada para gozar de los derechos que una situación legal en España pueda conceder». Esta situación, considera, necesitaba de una regularización y cree que tampoco «tiene porque influir en nada» en un posible efecto llamada.
Una opinión totalmente diferente a la que tiene Óscar, que tiene una visión negativa de este decreto. «Tal y como está España, no está para acoger más inmigrantes», asegura, y aunque la regularización afecte a personas que ya están en el país, incide en que estas «han entrado de manera irregular». Hace hincapié en que hay mucha gente en España que necesita de ayudas «como los afectados en La Palma o los de la Dana» y que la entrada en el país tiene que realizarse «de manera ordenada».
Antonio, por su parte, ve de manera positiva esa regularización porque ataca directamente al mercado de trabajo «en negro» en el que se encuentran muchas de esas personas en situación irregular. Una situación «de la que se aprovechan muchos empresarios, y todavía más en Ibiza». Es por ello por lo que asegura que esta regularización sirve para que esas personas «sean menos vulnerables» y que «tendría que regularizarse todavía a más personas».
María, por su parte, asegura que «si son gente que lleva tiempo aquí y se ha demostrado que son buenas personas, me parece perfecto». Sin embargo, considera que esos cinco meses aprobados por el decreto son demasiado poco, y que esta regularización puede suponer un «fecto llamada», con unos efectos perjudiciales para el país. Y es que asegura que es un asunto muy complejo, porque «son gente que ya están en el país, y que en muchos casos los han traído».
Ignacio considera que la inmigración debería entrar en el país «de manera regulada con contrato preestablecido» y que de esta manera «se evitaría el tráfico de pateras, que es un riesgo tanto por el riesgo de morir en el mar como en la avalancha que puede suponer».
Para Carmen esta regularización puede suponer un problema «porque no es solo una cuestión de regularizar, hay que tomar otras medidas, en materia de vivienda y en muchos otros temas», por lo que asegura que es un tema muy complejo. «Hay que conseguir las mejores condiciones para todos, pero si no se están dando, es complicada dar a más gente», asegura, además de considerar que esos cinco meses de plazo son insuficientes.
Piter IbizaPos vale, lo que tu digas chatín. Debo ser todo eso que ves en mi, y mucho más. Merezco incluso estar concentrado en algún sitio con gente que piensa como yo.