Un nuevo servicio de autobuses en Ibiza que llega tarde

Siete años. Ese es el tiempo que ha necesitado el Consell d’Eivissa para adjudicar una concesión de transporte público que, sobre el papel, debía ser estratégica. Siete años de trámites, informes, recursos y burocracia para poner en marcha una flota de 62 autobuses, 38 de ellos eléctricos. Cuando una administración tarda casi una década en resolver algo tan básico como el transporte de sus ciudadanos, lo que falla es el sistema.

Pese a ello, la noticia es muy buena. Al fin, Ibiza contará con un servicio de autobuses digno de una isla que visitan millones de turistas y que sufre, año tras año, un colapso evidente en su red viaria en los meses de mayor afluencia turística. La modernización de la flota, la electrificación parcial y la reorganización de líneas son pasos en la dirección correcta. Llegan tarde, pero al fin llegan.

El problema es que lo hacen mal diseñados. Antes incluso de que los nuevos autobuses entren en servicio, ya se habla de modificar rutas en Vila porque no se ajustan a la realidad actual. Otra prueba más de que la planificación ha ido por detrás de las necesidades. Se ha tardado tanto en adjudicar el servicio que, cuando por fin entra en servicio, la realidad ha cambiado. Y nadie ha sido capaz de anticiparlo.

• Falsa gratuidad

Pero hay otro aspecto aún más discutible: la gratuidad del servicio. Convertir el autobús en un servicio gratuito universal puede sonar bien en términos políticos, pero es profundamente injusto y, a medio plazo, insostenible. Gratis no significa que no cueste dinero. Significa que lo pagamos entre todos, lo usemos o no.

Este modelo rompe un principio básico de equidad: quien utiliza un servicio debería contribuir, al menos parcialmente, a su financiación. No se trata de convertir el transporte público en un lujo ni de penalizar su uso. Al contrario. Se trata de hacerlo viable. Que el usuario frecuente pague una tarifa razonable, es una forma de corresponsabilidad. Es entender que detrás de cada trayecto hay gasto de energía, mantenimiento y trabajadores a los que hay que pagar.

Otra cosa muy distinta es establecer bonificaciones. Tiene todo el sentido que determinados colectivos —desempleados, jubilados, menores, etc.— accedan gratuitamente al servicio. También es razonable premiar al usuario habitual con tarifas reducidas o abonos. Eso incentiva el uso y, al mismo tiempo, contribuye a mantener un mínimo equilibrio financiero.

Lo que no tiene sentido es el «gratis total», siempre e independientemente de la capacidad económica del usuario. Porque diluye el valor del servicio —lo que no se paga, no se valora—, dispara el coste público y genera una sensación de gratuidad que no existe. Nada es gratis. Siempre que se usa un servicio público hay que pensar cómo se financia. Y es difícil explicar por qué el autobús en Baleares es gratuito para los residentes y no lo es, por poner un ejemplo, el agua que sale por el grifo, que hay que pagarla, siendo un elemento esencial. ¿Por qué no hacemos gratuito el suministro de agua?

• Un cambio necesario

Ibiza necesitaba este cambio. Pero también necesita una administración más ágil, capaz de resolver en meses lo que ahora tarda años, y un modelo de gestión más sensato, que combine accesibilidad con responsabilidad. Porque el transporte público no es gratis. Nunca lo es. La única diferencia es quién paga la factura. En cualquier caso, procede felicitar a los responsables de este avance y también a los usuarios, que se beneficiarán de él. Y a quienes lo financian, que somos todos, independientemente de si cogemos el bus o vamos a pie.