«A Sánchez le interesa que las mafias hagan su negocio en Ibiza y Formentera, no en otros sitios»

José Vicente Marí Bosó (Rafalbunyol, 1970) revalidó el pasado fin de semana como presidente del PP de Ibiza. Con la vista puesta en las elecciones del año que viene, el también diputado en el Congreso tiene claro que es el momento de que el partido aspire a más. Niega que su objetivo personal esté en Madrid porque, asegura, «para Ibiza se trabaja donde se tenga que trabajar». Y rechaza la idea de que el sistema esté en crisis porque, en su opinión, el problema es el Gobierno de Pedro Sánchez.

—Renueva como presidente del PP de Ibiza. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
—Con ilusión. Yo agradezco la confianza que los compañeros del PP de Ibiza han depositado en mí. Pero también lo afronto huyendo del continuismo porque hemos de aspirar a más. Hemos de trabajar con más ahínco para dar mejores soluciones a los ciudadanos en Ibiza. En conjunto, y a pesar de mis errores, la valoración de lo que he hecho hasta ahora es positiva. Y a partir de ahora se trata de trabajar con más fuerza y, sobre todo, enfocados a las elecciones insulares, municipales y autonómicas del próximo año.

—Hay quienes piensan que usted tiene más interés en Madrid que en Ibiza. ¿Qué les responde?
—Yo estoy en política porque lo que me interesa es la vida de la gente y ayudar a transformarla. Eso lo hago donde mis compañeros quieren en cada momento. ¿Quieren que presida el PP de Ibiza? Pues estoy presidiendo el PP de Ibiza y, junto al equipo de hombres y mujeres del partido, damos soluciones. Para Ibiza se trabaja en Ibiza, en Palma, en Madrid, en Bruselas… Se trabaja donde se tenga que trabajar.

—A nivel insular y local, la lista de reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez es larga. ¿A qué achaca usted esta situación?
—Yo no creo que sea por desconocimiento porque pienso que Pedro Sánchez y el Gobierno de la nación saben perfectamente los problemas que hay aquí. Si no, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, haría muy mal su trabajo. Creo que es una intención deliberada de perjudicarnos a veces. Si durante siete años hemos dicho que se tiene que incrementar el plus de residencia para los funcionarios de la Administración General del Estado y no lo quiere hacer, es porque no lo quiere hacer. Son 18 millones de euros en un Presupuesto General del Estado que son más de 200.000 millones de euros. Si no lo hace, no es porque lo desconozca, ya que se lo recordamos cada año. Es porque no quiere y decide perjudicar directamente a Ibiza.

—¿Con la inmigración ilegal sucede lo mismo?
—Exacto. Si tenemos un lío con la inmigración ilegal, con el tráfico de personas en el Mediterráneo, no es porque Pedro Sánchez lo desconozca. Tiene una secretaria de Estado de Seguridad (Aina Calvo) que es mallorquina y sabe perfectamente cuál es el problema. Con ella, incluso, pasamos de 500 inmigrantes irregulares al año a 2.700 siendo delegada del Gobierno. Conoce perfectamente el problema. Si no pone solución, es porque no quiere y porque le interesa que exista el tráfico de inmigración irregular y que las mafias hagan su negocio en Baleares, no en otro sitio.

—¿Qué solución reclama el PP de Ibiza?
—Hemos de adoptar diversas soluciones. La primera es una buena política de actuación en origen de los países que emiten esta inmigración. La gente sale de su país porque busca algo mejor. Lo que pasa es que aquí las mafias controlan el negocio. Hay que hacer buenas políticas de cooperación al desarrollo en esos países de origen. Lo segundo que hay que hacer es lanzar el mensaje claro de que aquí no entra nadie sin un contrato de trabajo, que no hay negocio, que no entra nadie si no es dentro de la legalidad. Si enviamos el mensaje contrario, las mafias se lucran, el negocio del tráfico de personas florece y los cuerpos sin vida llegan a nuestras playas, que es lo que está pasando. Evidentemente, eso necesita también de una nueva política con Argelia. Hemos agraviado a Argelia y el Gobierno de España tiene que intentar no volver a hacerlo para tener una buena política de cooperación y evitar que haya estas avalanchas de personas que intentan llegar aquí. Lo cuarto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son las que trabajan con esto en el día tengan un salario digno. Por otro lado, claro que hay adoptar medidas de atención. No somos gente deshumanizada. Pero esas situaciones derivan de una política de inmigración y es el Gobierno del Estado el que tiene que atenderlas.

—¿Se refiere a los menores extranjeros no acompañados?
—Sí. El Gobierno tiene que hacerse cargo. No puede echar el mochuelo a los consells insulares porque no están para eso. La competencia de tutela de menores no es para atender avalanchas masivas de inmigración ni es para atender a menores que no sabemos si son menores. Todo esto debe asumirlo el Estado.

—¿Cómo cree que afectará a Ibiza la regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno?
—Nosotros nos hemos opuesto a esta regularización masiva y sin ningún tipo de análisis. La ministra Elma Saiz ni siquiera ha sabido contestar a cuánta gente afecta. El Gobierno empezó diciendo 500.000. Las entidades del sector hablan de 800.000 y la Policía Nacional habla de 1.300.000. Si planteas una medida y no sabes ni a quién afecta, ¿en qué país estamos? Esto no es el tercer mundo. Somos un país desarrollado y, cuando adoptamos decisiones, hemos de saber qué implicaciones tienen y a quién afecta.

—El PP hizo en su día regularizaciones pero muy vinculadas al trabajo.
—Es nuestra apuesta y es en lo que hemos marcado la diferencia con respecto a lo que está haciendo Sánchez. Además, Sánchez no hace un procedimiento de regularización porque sea Santa Teresa de Calcuta. Lo hace para tapar una corrupción que asedia a su partido, a su gobierno y a su familia.

—Los dos grandes partidos se han visto inmersos en escándalos de corrupción pero nunca habíamos visto implicadas a las familias.
—La corrupción siempre es corrupción. Yo soy partidario de adoptar decisiones que nos permitan luchar mejor contra ella. En la última etapa de gobierno de Mariano Rajoy se adoptaron muchas medidas en este sentido que ahora se utilizan. Por ejemplo, imputar a las personas jurídicas o agravar las penas para determinados delitos relacionados con la corrupción. Pero con Pedro Sánchez hemos seguido el camino contrario. Se han dulcificado delitos relacionados con la corrupción como el de la malversación.

—Pero eso fue para hacerle un favor a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
—Sí, pero al mismo tiempo se lo hacía a él mismo. Nosotros no estábamos a favor de esto. Hay que adoptar medidas que nos permitan atajar estos comportamientos. El señor que subió a la tribuna del Congreso en 2018 con una moción de censura en nombre de la pureza (José Luis Ábalos) está hoy en la cárcel por corrupto desde el primer día. Y era la mano derecha de Pedro Sánchez. Y la siguiente mano derecha también ha pasado por la cárcel y venía corrompido de Navarra. Y la tercera mano derecha, María Jesús Montero, estuvo en los ERE de Andalucía y, como ministra, colaborador que nombró, colaborador que está siendo investigado por corrupción.

—¿Cómo afecta a Ibiza la falta de Presupuestos Generales del Estado?
—Si preguntamos a cualquier vecino de Ibiza qué inversión pública del Estado recuerda de estos ocho años, solo dirá el Parador. Todo lo demás está patas arriba. Con Pedro Sánchez, el Estado solo utiliza a Ibiza como caja registradora. Solo pone dinero donde sabe que obtendrá mucho más, es decir, en el Parador y en el aeropuerto, que está forrado de publicidad y que da un servicio pésimo. Que no haya Presupuestos Generales del Estado, además, dificulta el tema del plus de insularidad. Resulta que ha modificado los presupuestos vigentes para sacar 2.500 millones y comprar acciones de Telefónica. Pues perfectamente podría hacer una modificación de crédito para poner 18 millones de euros y triplicar la indemnización por residencia a los funcionarios del Estado en Baleares.

—Tal vez es que en Madrid ven al ibicenco medio como un potentado.
—Desde que nosotros hicimos la gran transformación de una economía de subsistencia a una potente economía de servicios, Madrid siempre ha pensado que somos ricos. Y voy a ser honesto: da igual quien gobierne Madrid porque siempre piensan que en Baleares somos ricos y que no nos falta de nada. Pero es un gran error. Perdemos renta per cápita desde hace 20 años. Estábamos los primeros o segundos con mayor riqueza pero hoy somos los séptimos u octavos. Hemos hecho un proceso de empobrecimiento.

—Con las pensiones ya se detecta. Siempre son de las más bajas del Estado, junto con Canarias.
—Va asociado con lo que le digo. Y nosotros hemos de hacer un proceso para mejorar la calidad del empleo que tenemos porque eso afecta a las pensiones. Pero, como le decía, nos hemos empobrecido en los últimos 20 años y el Estado tampoco invierte. Un estudio de la Fundación BBVA explica cómo las comunidades autónomas, a través de la inversión del Estado, van convergiendo hacia la media. La única comunidad autónoma que diverge es la nuestra. Esto demuestra esa mentalidad de «bueno, son ricos, no les hace falta nada, ya tienen el turismo y les funciona». La acción del Estado es muy importante. Y también lo es la de la sociedad civil, que es lo que nosotros defendemos como preeminente. Pero las Administraciones Públicas han de corregir desequilibrios y, desafortunadamente, el Estado se ha preocupado poco de eso.

—La vivienda sigue siendo el gran problema en Ibiza y las soluciones que se están dando no están funcionando. Ustedes no quieren aplicar la Ley de Vivienda estatal. ¿Qué queda por hacer?
—Lo primero que hay que decir es que no hay una varita mágica. Si has estado desde la crisis de 2007 haciendo una política contraria a la oferta, la has frenado. En España tenemos un déficit de 700.000 viviendas. Deberíamos construir al año 250.000 viviendas y solo estamos en 130.000. Seguimos generando más déficit. Esta situación sostenida durante años no la puedes cambiar de un día para otro. Pero lo que sí que podemos hacer es no agravar las cosas. Bajo el Govern de Francina Armgenol, Vila pasó de ser la octava ciudad más cara en compra y alquiler a ser la más primera. La Ley de Vivienda y el tope de alquileres agravan la situación. Con el Gobierno de Sánchez y los socialistas el maquillaje de datos nos lo sabemos de memoria. La estadística de que quitas tres casas de 2.000 euros y baja el precio no sirve porque tienes menos casas y más demandantes. Esto no ha funcionado en ningún lado. Sé que necesitamos soluciones inmediatas pero, si nos equivocamos, será peor.

—¿Las residencias para trabajadores temporales serían una posible solución?
—Sí, lo ha planteado el Consell de Ibiza. Pero hacen falta más soluciones. Hay que poner más oferta y suelo en el mercado. El presidente Marí también ha hecho esta reflexión: no podemos seguir con normas urbanísticas de los años 80 y 90 en un momento de excepción. Hemos de adoptar medidas de excepción. No podemos seguir construyendo planta baja más dos cuando en la ciudad tenemos edificios de planta baja más cinco o seis. Si hemos de modificar usos e intensidades, hemos de hacerlo.

—Pero el Ayuntamiento de Ibiza ha rechazado crecer en altura.
—Hay que seguir haciendo la reflexión. De todos modos, el Ayuntamiento está haciendo mucho y debe priorizar las medidas que adopta. Han cedido un montón de solares y han tomado decisiones.

—¿Qué siente cuando ve los asentamientos ilegales?
—Mucha indignación y pena. Porque es evidente que es una parte del desarrollo que hemos tenido que no es deseable y que hemos de intentar corregir en todos los sentidos. Hay que hacer políticas para atender la vulnerabilidad y hay que dar soluciones habitacionales. Pero aquí no se puede venir a acampar.

—Pero en Sa Joveria la mayoría de la gente que había tenía contrato de trabajo y no podía acogerse a las ayudas municipales para vulnerables. El círculo es perverso.
—Hay que adoptar medidas en muchos ámbitos. Si solo hablamos de salario mínimo o de crear una economía de precariedad, que es lo que nos pone en bandeja el señor Sánchez, no llegamos. El miércoles yo le dije al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que hemos de dejar de hablar de ese salario mínimo al que condenan a un montón de españoles y hablar del salario medio. Y llevar el salario medio de 32.000 euros a al menos 50.000 y que permita a la gente poder iniciar proyectos de vida, pagar una entrada de un piso o alquilar a precios razonables y tener espalda para aguantar más cosas.

—¿Estamos en una crisis del sistema?
—No. Yo creo en el sistema. Hay sistemas bastante peores. La democracia es el mejor. Decir eso es populismo. No hay una crisis del sistema, hay una crisis del Gobierno, que no sabe hacer lo que toca. Lo que hay que hacer es cambiar de gobierno, no de sistema.

—Formentera tendrá por fin senador después de las próximas generales. Aunque el PP fue el que promovió todo para que esto fuera posible es la izquierda la que se cuelga la medalla. ¿Por qué no son ustedes capaces de reivindicar el papel protagonista?
—Nosotros lo reivindicamos. En mi primera intervención en el Congreso sobre esto subrayé que el PP había estado en la reforma del Estatut de 2007, que había estado en la modificación de la Ley de Costas de 2013 que los socialistas recurrieron y tumbaron. En los grandes problemas de Formentera el PP ha dado soluciones. Pero reivindicar nuestra acción no es utilizar las cosas, que es lo que hace la izquierda. Ellos lo utilizan a pesar de que esto era una reivindicación de todos y en la que aportábamos todos.

—El senador de ERC Jordi Gaseni acusó al PP de «catalanofobia» por rechazar que el topónimo Eivissa esté en la Constitución.
—A mí los extremos no me preocupan. Me preocupa que los que estamos en la centralidad de las cosas lleguemos a acuerdos para sacar cosas adelante. En ese sentido, tengo que dar las gracias al PSOE por llevar la reforma a buen puerto junto con el PP. Esta reforma ha salido adelante porque los que sirven, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo. Yo hubiera preferido, eso sí, que los socialistas hubieran hablado menos.

—Cada semana usted va al Congreso y ve allí a Francina Armengol. Los informes de la UCO que vamos conociendo sobre ella son demoledores. ¿Usted qué siente cuando la ve allí como tercera autoridad del Estado?
—Una profunda decepción. Nosotros hemos tenido a nivel estatal a presidentes como Antonio Maura y Félix Pons y es incomparable. Hemos llegado a un nivel ínfimo de la representación de Baleares en la presidencia del Congreso. Y eso provoca decepción y pena. Pero lo grave es que como presidenta del Govern dejó entrar a la trama de corrupción de las mascarillas, nos causó un perjuicio de casi 4 millones de euros por el que aún no ha respondido. Y, además, se dedicaron taparlo durante tres años para que esto prescribiera. Menos mal que llegamos al Govern porque, si no, la acción de reclamar que está llevando ahora Marga Prohens hubiera prescrito.