La debilitada pradera de posidonia oceánica de Talamanca será objeto de un proyecto impulsado de manera conjunta entre el Govern balear y la empresa valenciana Absorbe CO2, en alianza con la asociación Vellmarí —del reputado biólogo marino Manu San Félix—. Dicho proyecto busca repoblar hasta una hectárea de fondo marino degradado y convertir esa acción ambiental en créditos de carbono azul certificados por el Govern de les Illes Balears.
En la mañana de este miércoles, en la propia playa de Talamanca, Germán Alcaide, presidente ejecutivo de la empresa Absorbe CO2, explicó que la iniciativa nace de complementar el trabajo de reforestación submarina que ya realiza Vellmarí —actualmente en marcha en Formentera bajo el nombre Gran Pradera— con una herramienta de compensación de huella de carbono para empresas privadas.
La metodología tramitada ante el Govern establece que la plantación se llevará a cabo a una densidad de 20 plantas por metro cuadrado, con un crecimiento estimado de diez centímetros en sentido lateral y vertical, y fija una absorción certificada de 3,66 toneladas de CO2 por hectárea. La plantación se realizará entre cinco y diez metros de profundidad mediante buceo voluntario, con Vellmarí como socio estratégico y ejecutor directo de los trabajos en el fondo marino. La normativa obliga a mantener la plantación durante cincuenta años, con supervisión y monitoreo continuado.
Dos años de plazo
En cuanto a los plazos, Alcaide ha estimado que la restauración completa de la bahía podría completarse en aproximadamente dos años, aunque ha condicionado ese calendario a una variable: la autorización por parte del Gobierno central del campo de boyas ecológicas de Talamanca. Sin ese campo de boyas, que permitiría prohibir el fondeo y crear una zona de exclusión para los trabajos de buceo, solo sería posible ejecutar la mitad del proyecto —media hectárea— dentro del área de balizamiento actual, que se extiende unos trescientos metros desde la orilla.
Alcaide confirmó que todos los permisos necesarios ante el Govern, el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell han sido ya solicitados, y que el único trámite pendiente es precisamente esa autorización del Ministerio.
Pradera muerta
El biólogo marino Manu San Félix, vinculado al proyecto a través de Vellmarí, ofreció una radiografía preocupante del estado actual de la pradera. Los datos analizados por el GEN-GOB sitúan la bahía de Talamanca como una de las zonas más críticas, con una media de pradera muerta «que alcanza el 50 % y valores que oscilan entre el 30 % y el 70 % según la estación de muestreo».
San Félix ha subrayado además el valor ecológico excepcional de lo que aún queda: la pradera de Talamanca alberga el mayor arrecife barrera generado por posidonia de todo el Mediterráneo, una estructura que actúa como vivero natural para numerosas especies de las que depende directamente la pesca artesanal. «Es como si no cuidásemos nuestra granja», afirmó el biólogo, quien describió Talamanca como el escaparate idóneo para demostrar que una gestión marina responsable es posible y replicable en otras bahías del Mediterráneo.
Campo de boyas
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quiso destacar la importancia de este proyecto y ha aprovechado la comparecencia para reclamar una vez más la instalación del campo de boyas ecológicas, que ha considerado de imperiosa necesidad. Triguero ha recordado que los fondeos incontrolados de embarcaciones de charter durante los meses de verano siguen causando daños directos sobre la posidonia oceánica, un bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y ha advertido de que plantar posidonia mientras se mantiene esa presión tiene un efecto muy limitado.
Antoni Costa, vicepresidente primer del Govern, destacó la dimensión estratégica de la metodología aprobada, que a su juicio abre una doble vía de valor: la restauración de un ecosistema esencial para las Pitiusas y la creación de un nuevo canal de inversión responsable que canaliza capital privado hacia la recuperación de ecosistemas públicos. Costa animó al tejido empresarial de las islas a aprovechar la seguridad jurídica y la credibilidad técnica que ofrece esta metodología para compensar emisiones con impacto real y medible.