El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, explicó este miércoles que, tras desembarcar el PP en el Gobierno de la institución en 2019, se toparon con la reclamación de una deuda de 2,2 millones de euros por parte de la entidad social Amadiba. Una deuda que el anterior Gobierno insular, del PSOE y Podemos, no había querido abonar y que es el origen del conocido como ‘caso Amadiba’.
Vicent Marí afirmó que inicialmente se intentó solventar este pago pero que «fue imposible reconducir» la situación. Y es que, según añadió, «los funcionarios han sido los que han marcado el camino a seguir hacia la Justicia». Un camino que, de momento, se ha saldado con la apertura de juicio oral contra Lidia Jurado, de Podemos y consellera insular de Bienestar Social en el momento en el que sucedieron los hechos por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de dos contratos a Amadiba en el año 2018.
«Esto está judicializado porque no se hicieron las cosas como tocaba», según destacó el presidente insular. Y declinó pronunciarse sobre la vía judicial porque, según aseguró, no es su «estilo». «Esto seguirá el camino que tenga que seguir», según precisó.
Vicent Marí recordó que Amadiba llevó su reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por la negativa del Consell Insular a «reconocer» esta deuda. «Al llegar nosotros en 2019», según apuntó, «nos encontramos con la reclamación de la deuda y de la que el anterior gobierno no quiso hacerse cargo». Vicent Marí apuntó en que «será la Justicia la que dará lo que hay que hacer». Y subrayó que, aunque la intención inicial de su Gobierno fue buscar la manera de abonar el dinero reclamado por Amadiba, fueron los funcionaros insulares los que «consideraron que no tenía solución» por lo que el asunto acabó en los tribunales.
Estos funcionarios elaboraron posteriormente, en 2023, un amplio y documentado informe para justificar la postura del Consell Insular. Un informe adelantado por Periódico de Ibiza y Formentera y según el cual los técnicos insulares consideraron que «se dio una confabulación o una connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla que podría entrar en la esfera del ilícito penal». En el mismo informe se califica la reclamación de Amadiba como «un tanto singular, curiosa y extraña». Y se desgrana cómo, por ejemplo, la relación entre esta entidad y el Consell comienza en 2016 con una «hoja de ruta» elaborada por Amadiba y que el Gobierno insular habría aceptado. Una hoja de ruta para la que Amadiba, presuntamente, necesitaba «una seguridad absoluta a través de una financiación total pública y sin seguir ningún procedimiento».