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Desalojo rápido y sin incidentes del supermercado subarrendado ilegalmente

Entre 10 y 15 personas habrían vivido en el local del centro de Vila

Momentos del desalojo. | Vídeo: R.I.

| Ibiza | |

Un nuevo desalojo se ha vivido en la mañana de este martes en Ibiza. Ha sido rápido y sin ningún tipo de problema operativo. En esta ocasión no se ha tratado de un solar o un terreno convertido en asentamiento, sino de un local comercial ubicado en pleno centro de Vila, más concretamente en el número 59 de la calle Aragón. El antiguo supermercado, reconvertido en los últimos años en un espacio modular con camas para entre diez y quince personas, ha vivido este martes su último capítulo como infravivienda.

A las diez de la mañana, hora fijada en el decreto judicial para el lanzamiento, el amplio dispositivo conjunto de Policía Local y Policía Nacional se situaba frente al establecimiento. Sin embargo, no fue necesario ningún operativo especial porque, a su llegada, ya no quedaba ninguna de las personas que habían estado residiendo allí durante los últimos meses. Tres de ellas se encontraban muy cerca, en el pasaje contiguo, observando lo que sucedía desde la distancia, aunque sin querer hacer declaraciones.

Apenas veinte minutos después de la entrada en el establecimiento, en cuyo interior todavía se encontraban las estructuras modulares con las que el local se dividía en diferentes compartimentos con sus respectivas camas, la Policía Local procedía a sellar las puertas del inmueble. Se cumplía así un desalojo derivado del decreto de Alcaldía del Ayuntamiento, fechado el 19 de octubre de 2024. Es decir, más de un año y medio después de aquella resolución.


La propiedad

A su salida, el abogado de la propiedad, Jaume Roig, explicaba que el local estaba alquilado como supermercado, pero que hace un par de años «se detectó que había gente viviendo en su interior», motivo por el cual la propiedad inició el proceso judicial tanto por la vía civil como por la administrativa, a través del consistorio. Finalmente, el lanzamiento pudo llevarse a cabo debido a cuestiones de seguridad y salubridad.

Policías locales colocando el aviso de precinto.
Foto: Roberto Rossi

La propiedad, defendió Roig, ha estado completamente al margen de esta actividad ilegal. Según explicó, fue el arrendatario quien procedió al subarrendamiento del espacio, dejando incluso de pagar su propia mensualidad como explotador del local «desde hace más de un año». Ahora, la intención principal es volver a arrendar el inmueble, aunque no para destinarlo nuevamente a supermercado.

Según explicó, lo que se encontraron al entrar fue una división «en unos once habitáculos separados con pladur». Sobre las condiciones de salubridad del lugar, aseguró que hallaron «mucha suciedad e insalubridad», circunstancia que ha sido precisamente el desencadenante final del desalojo.


Los vecinos

La zona, ubicada en pleno centro de Vila, se convirtió en foco de atención de vecinos y transeúntes ante el amplio dispositivo policial —y también mediático— desplegado para el desalojo. Vecinos como Miguel explicaron que el gran temor era que «dadas las condiciones en las que estaba la gente ahí dentro, pudiera producirse un incendio».

Según relata, por lo general la convivencia con esta infravivienda había sido tranquila. Señala como excepción un incidente ocurrido hace algunos meses, cuando uno de los moradores fue expulsado del lugar, supuestamente por impago, y «comenzó a tirar todos los trastos desde dentro hacia fuera; destrozó un coche en el proceso y provocó un altercado por el que tuvo que venir la policía a detenerlo».

Según tiene entendido —aunque reconoce que solo se trata de rumores—, en ese espacio podrían haber llegado a vivir cerca de veinte personas, pagando mensualidades que oscilarían «entre los 400 y los 500 euros».

En términos muy similares se expresa uno de los propietarios de los comercios colindantes, quien también recuerda aquel desagradable incidente, aunque subraya que, más allá de ese episodio, «no ha habido problemas de convivencia ni vecinales» con los moradores.

6 comentarios

user Karlos | Hace 1 día

Si además querrán una medalla, por el "buen trabajo" hecho... Los "desalojan" y los dejan en la calle, hay que ser mala gente..! Lo normal sería "desalojarlos" del país, eso sería lo mejor para todos, incluidos ellos mismos ya que son usados como "instrumentos" desde el momento que entran en esta mafia dirigida por los parásitos del gobierno

user Pep T | Hace 1 día

XCada día que pasa ,su mente está peor. Siga con su ritmo,que va " bien".

Anonimus Anonimus | Hace 1 día

Tranquilos, las ongs envian dinero a africa para que vengan mas Y de paso se llevan comision

user X | Hace 1 día

Entonces, el arrendatario, el inquilino, lo realquilaba, practica ilegal el realquiler en los contratos, un local comercial, por lo tanto ilegal, ya que carecería de célula de habitabilidad para ese fin, modulado ilegalmente como es de entender... Y DURANTE AÑOS !! Caso con similitudes a Can Rova. Y el propietario, quien es ? Mientras cobraba, callaba ? Las autoridades lo sabían, y lo han permitido, como en Can Rova durante años? Donde está el equipo de intruismo ?

Alexis Alexis | Hace 1 día

Venga todos para Casa Lola!!!!! y ya son tropecientos........y alguien a cobrar y a enriquecerse con la desgracia ajena y los vecinos a aguantar y a callar por si las moscas...............................

Vicent Vicent | Hace 1 día

Próxima parada: Casa Lola. 15 nuevos residentes en Casa Lola, los vecinos os lo agradecerán. A ver si nos enteramos ya de una vez que los desalojos no solucionan nada, es trasladar el problema de un lugar a otro.

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