La Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves al empresario ibicenco para quien la Fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de prisión por un presunto delito continuado de administración desleal relacionado con la gestión de la sociedad Es Paradise S.A. De forma subsidiaria, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito societario continuado para el que reclama una condena de dos años y medio de cárcel.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Ibiza, este empresario habría aprovechado su posición como administrador único de la mercantil para actuar en beneficio propio y en perjuicio tanto de la sociedad como del resto de socios.
La acusación sostiene que, una vez nombrado administrador único de Es Paradise S.A., el empresario formalizó el 5 de abril de 2008 un contrato de arrendamiento consigo mismo por el que alquilaba durante 30 años una finca perteneciente a la sociedad. Según la Fiscalía, dicha operación se realizó sin el consentimiento del resto de accionistas cuyos intereses se vieron afectados por la decisión.
El escrito recuerda además que el empresario había sido condenado previamente en la jurisdicción mercantil a devolver un paquete accionarial integrado por 7.592 acciones, pertenecientes a otro socio, después de que la Audiencia Provincial de Palma declarara nula la compraventa mediante la que las había adquirido.
Tras aquella resolución judicial, los socios afectados pidieron la convocatoria de una junta de accionistas para actualizar la composición societaria y proceder al cese y nombramiento de un nuevo órgano de administración. La Fiscalía sostiene que el acusado ignoró los requerimientos notariales y que los socios tuvieron que acudir a los tribunales para que el Juzgado de lo Mercantil convocara judicialmente la junta.
Pese a conocer la existencia de dicha convocatoria, el Ministerio Público asegura que el encausado promovió una segunda junta paralela, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), sin conocimiento del resto de socios, que residían fuera de Ibiza, y utilizando una mayoría que ya no le correspondía.
En esa reunión, celebrada en septiembre de 2015, el acusado habría aprobado diversos acuerdos para, según la Fiscalía, despatrimonializar Es Paradise S.A. Así, decidió, según el escrito de acusación, la venta de parte indivisa de una finca, uno de los principales activos de la sociedad. También aprobó la constitución de una hipoteca de 265.000 euros sobre otro inmueble, la aprobación de cuentas y la disolución y liquidación de la empresa.
La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que dichos acuerdos fueron posteriormente declarados nulos por la jurisdicción competente al considerar que lesionaban los intereses sociales y pretendían eludir el cumplimiento de resoluciones judiciales previas.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Además, reclama que indemnice a los socios perjudicados en la cuantía que se determine durante la ejecución de sentencia por los daños ocasionados a la sociedad Es Paradise S.A., más los intereses legales correspondientes.