El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha abordado este jueves la polémica generada por la celebración, el pasado 13 de agosto, de una fiesta privada de temática egipcia en sa Pedrera de Can Coix, un evento para unos 350 invitados que contó con un montaje que incluía una pirámide de ocho metros, un templo, obeliscos, plataformas y un lago artificial.
El PSOE ha presentado una moción de control con 15 preguntas al equipo de gobierno para reclamar explicaciones sobre la tramitación administrativa de la celebración. Los socialistas sostienen que del análisis del expediente surgen «serios interrogantes» sobre la consideración del evento como actividad no permanente inocua, la necesidad de un plan de autoprotección, las grandes estructuras instaladas, los trabajos realizados sobre el terreno, el seguro de responsabilidad civil, la exoneración de los límites de ruido y las medidas de prevención de incendios.
Sin embargo, el asunto central del debate ha sido el uso del agua. El PSOE cuestión que el Ayuntamiento pudiera desconocer la existencia del lago cuando, según la documentación analizada por el grupo, la memoria técnica presentada el 28 de julio incluía planos en los que aparecía representada una superficie identificada como «water». Los socialistas han preguntado expresamente si los servicios técnicos municipales revisaron esos planos antes de emitir su informe favorable.
La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha defendido que el Ayuntamiento no tenía constancia de que se fuera a utilizar agua real para construir el lago, ya que este extremo no aparecía especificado en la memoria descriptiva, y ha señalado que se estudiará la viabilidad de sancionar esta cuestión en función del tipo de agua utilizada.
El alcalde, Marcos Serra, ha mantenido la misma versión y ha rechazado que existiera opacidad en la autorización. «Se sabía quién, dónde, temático y aforo previsto», ha afirmado, antes de diferenciar entre lo que actualmente se conoce sobre el montaje y la información que figuraba en la documentación previa al evento. «¿Sabía el Ayuntamiento la creación de un lago? No», ha asegurado Serra, quien ha insistido en que la memoria no detallaba que el lago fuera a llenarse con agua real ni la cantidad que se utilizaría.
Serra ha reconocido, no obstante, que al Ayuntamiento «no le pareció correcto el uso del agua» y ha anunciado que el Consistorio aprobará «antes de final del año» una nueva ordenanza de ahorro de agua.
Otro de los puntos de fricción ha sido la propia naturaleza administrativa de la actividad. Eva Prats ha explicado que sa Pedrera de Can Coix no dispone de una licencia de actividad permanente y que, para una actividad no permanente inocua con un aforo de 350 personas, no era necesaria una licencia de esas características.
Prats ha defendido que las instalaciones decorativas estaban certificadas por técnicos y ha señalado que podían incorporarse al expediente. También ha asegurado que los trabajos realizados en el espacio estaban amparados por la autorización y que el promotor tiene la obligación de devolver el terreno a sus condiciones originales.
Ruido, incendios y donaciones
El ruido ha protagonizado igualmente parte de la discusión. El PSOE sostiene que la solicitud para superar los límites acústicos se presentó el 28 de julio, sin respetar el plazo de un mes establecido por la ordenanza y sin el estudio acústico exigido. Raúl Díaz ha señalado durante el pleno que el alcalde firmó la exoneración el mismo día de la fiesta.
Prats ha defendido que el informe de exoneración de ruido no era aplicable a las actividades no permanentes. Respecto a las molestias vecinales, ha asegurado que únicamente consta una llamada a las 3:12 horas y que, cuando llegaron los agentes, ya no había música, sino personas abandonando el recinto.
La declaración de interés general del evento también ha sido objeto de controversia. El equipo de gobierno ha defendido que esta consideración estuvo vinculada a su carácter benéfico y a las aportaciones anunciadas de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y 10.000 al Motoclub de Formentera e Ibiza. Prats ha defendido que la actividad no se autorizó por los 199 euros de tasa, sino por el conjunto de circunstancias y por la aportación de 50.000 euros al tejido social del municipio.
Raúl Díaz ha calificado el expediente de «un absoluto desastre» y ha acusado al alcalde de haber faltado a la verdad sobre el conocimiento municipal del lago. «Ya no cuela que todo fuera una sorpresa», ha afirmado el concejal socialista, quien ha reclamado que se investiguen las posibles irregularidades.
Díaz ha elevado el tono y ha acusado a Serra de haber «vulnerado la ley» y de convertir el Ayuntamiento «en una gestoría privada para millonarios extranjeros». Por estos motivos, ha reclamado públicamente la dimisión del alcalde.
Serra ha insistido en que «una aportación benéfica no compra una autorización ni permite a nadie saltarse una norma», aunque ha defendido que el carácter benéfico sí supone un interés para la comunidad. El PSOE ha replicado que las donaciones «no pueden convertirse en pase VIP» para ocupar un espacio público, obtener excepciones o flexibilizar las normas.
Claro que lo niega. Los sobres hacen ciego a cualquiera. Miranse la dirigente de la comunidad de Madrid y su pareja. O el presidente de Andalucía, o de Valencia .....o los jueces de la audiencia nacional......no hay más preguntas señoría...