El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) ya tiene conocimiento oficial de la queja presentada por la delegación ibicenca del Colegio de Abogados por la supuesta «desconsideración» que dicen sentir un amplio grupo de letrados de tres jueces y dos secretarios judiciales de la isla. Al TSJ también se le mandó el acuerdo adoptado por los jueces de Eivissa en la junta que celebraron a raíz de las acusaciones vertidas por los abogados.
Así lo confirmó ayer el presidente del TSJ, Angel Reigosa, que manifestó que la situación generada en Eivissa entre jueces y abogados será uno de los órdenes del día que se verán en la próxima reunión de la Sala de Gobierno.
Reigosa se limitó a dar esta información a preguntas de este periódico, pero en ningún momento quiso entrar a valorar la situación generada entre los profesionales de la judicatura y de los de la abogacía. Por esta razón, el presidente del TSJ se remitió directamente a lo que ocurriera en la reunión que había prevista.
El presidente del Colegio de Abogados de Balears, Lorenzo Ros, por su parte, adoptó igual postura a la que tuvo días atrás el responsable de la delegación ibicenca, Enrique Vicent Marí. Ros minimizó el alcance de la polémica y la atribuyó a «situaciones especiales» que pueden producirse entre determinadas personas, pero «sin afectar a los colectivos», señaló. En este sentido, Enrique Vicent Marí declaró días atrás que todo debía verse como «rencillas de familia» y en todo momento intentó restar importancia al escrito acordado por los abogados en la junta extraordinaria que celebraron a principios de mayo. Días después, en concreto el pasado martes, vino la respuesta de los jueces tras una junta que se celebró con este único punto del día. De ésta se deduce que el escrito de los abogados no sentó nada bien dentro de los magistrados afectados y que éstos manifestaron sus propósito de emprender acciones legales. Para ello, los jueces, en un acuerdo que no se adoptó por unanimidad, apoyaron respaldar a los magistrados afectados, a los que consideraron «indefensos» por la «generalidad, inconcreción e indeterminación»de las acusaciones de los letrados, en las acciones que emprendieran para conocer hechos y personas concretas.