La representación legal de un ecuatoriano que resultó herido de gravedad mientras presuntamente trabajaba de manera ilegal en una obra en Sant Jordi en la que además existían sospechas sobre la ausencia de seguridad laboral pide penas que suman hasta los cinco de años de cárcel para un particular subcontratado por la sociedad Urcoisa que, a su vez, empleó a la víctima y otros dos sudamericanos 'sin papeles'.
La acusación particular también reclama una indemnización que supera los 98.000 euros. Tanto a Urcoisa como a la promotora Pitiusa de Desarrollo se les hace responsables civiles subsidiarios.
El trabajador sufrió secuelas graves tras caer desde un tercer piso. Al parecer, ni siquiera se llamó a una ambulancia y se optó por trasladar al obrero en un coche particular al hospital. Por este motivo, ha surgido la sospecha de que ello se hiciera no por premura sino para evitar una posible investigación por lo ocurrido. Según el parte médico, la caída le ocasionó una fractura acuñamiento vértebra lumbar, una exéresis de hueso calcáreo, una pérdida del cinco por ciento de flexión de la rodilla izquierda, así como sendas cicatrices de cinco centímetros en la pierna.
También se piden otros dos años de cárcel para el aparejador que debía redactar el estudio de Seguridad y Salud, así como el Plan de Seguridad que debía ser coordinado durante la ejecución de la obra.