El herido, que sufrió graves lesiones en las piernas y en la espalda, no era el único operario sin contrato y sin papeles de residencia en regla que el acusado tenía trabajando para él después de haber llegado supuestamente con ellos a través de un acuerdo verbal. Otros dos obreros de nacionalidad ecuatoriana, como el anterior, formaban parte de la plantilla de una subcontrata a los que otra empresa había encargado en febrero de 2001 el acabado de los edificios «Zeus», «Mercurio» y «Artemisa», un proyecto ejecutable con 56 apartamentos y 44 plazas de garaje distribuidos en tres plantas y semisótano.
El operario ecuatoriano sufrió múltiples fracturas después de que cayera de un tercer piso en un accidente registrado por las citadas fechas. Precisó intervención quirúrgica y como secuelas le han quedado déficit funcionales, cicatrices y la necesidad de llevar un calzado especial. Un día después del accidente la víctima y los dos compatriotas que le acompañaban se vieron despedidos. El juzgado recibió en fechas posteriores una denuncia que se informaba de las supuestas irregularidades en materia laboral cometidas por la subcontrata. El caso fue visto ayer en el juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa. La acusación particular retiró la denuncia después de que se hubieran cubierto las indemnizaciones que al final de proceso se requirieron. En un principio se reclamaban penas de cinco años de cárcel y el pago de casi 98.000 euros.
El fiscal, por su parte, mantuvo la acusación al entender que se había cometido un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por la falta de visados y permisos de residencia y trabajo, así como por la ausencia de comunicación de contratos al Inem y de afiliación a la seguridad social. El acusado se sentó en el banquillo jugándose una condena de tres años de prisión. Tras reconocerse autor de los hechos y considerarse que se había hecho cargo de la factura del hospital se aceptó la rebaja de la pena a seis meses.