Andrés L.A., de 33 años, fue detenido por la Guardia Civil después de que investigaciones llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial determinaran su posible relación en cuatro casos de acoso de sexual de los que supuestamente fueron víctimas cuatro empleadas de un supermercado de la cadena 'SYP' de Formentera.
El sospechoso, en concreto, era el máximo responsable de este establecimiento y, como encargado, había venido a ocupar la plaza de otra persona que, como ya se informó en su día, fue arrestada hace tres años por simular atracos en el supermercado para justificar al menos en dos ocasiones la falta de destacadas cantidades de dinero.
La detención de Andrés L.A. tuvo lugar precisamente después de que la Guardia Civil investigara la posible veracidad de una denuncia presentada por una mujer que trabajaba en este local y que se interpuso en el juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, lugar donde había interpuesta otra denuncia de una segunda afectada en iguales términos.
Las gestiones emprendidas por los agentes para ahondar en esta cuestión sirvieron para descubrir que otras dos antiguas trabajadoras habían hecho lo mismo en Pontevedra y Cuenca. Durante las pesquisas se comprobó que los testimonios de las perjudicadas hacían referencia a situaciones vejatorias y provocativas que se habían sucedido en el transcurso de un año a esta parte y que éstas, a su vez, también conllevaban amenazas. Según al menos una denuncia, el sospechoso llegó a hacerse una fotografía de sus genitales empleando la cámara de su teléfono y tras llamar a su víctima se la exhibía.
Andrés L.A., que al parecer se halla ahora de baja psicológica, fue puesto en libertad después de que los agentes recogieran su testimonio, informaran de ello al juez y le dejaran claro al sospechoso que tenía que acudir al juzgado cuando fuera reclamado.
Un juzgado de lo Penal de la isla resolvió a principios de este año con una multa de 2.160 euros e indemnizaciones de 4.200 euros otros caso de acoso sexual en un supermercado de las Pitiüses y en el que se consideró probado que había dos víctimas. El juzgado, en concreto, dio la razón a dos empleadas de un supermercado de Sant Antoni que afirmaron que el jefe de la sección de carnicería estaba continuamente haciéndoles provocaciones sexuales de todo tipo. En la sentencia, se consideró como cierto que al menos una de las afectadas tuvo que soportar esta situación desde diciembre de 2001 a abril de 2003. Meses después la propia dirección del 'súper' despidió al denunciado. En la investigación interna, aparecieron otros tres casos más.