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El Parlament balear aprobó ayer la Ley de Coordinación de las
Policías Locales tras un debate en el que el PP aceptó modificar un
artículo para que los alcaldes tengan la potestad de decidir en qué
servicios los agentes deben llevar armas de fuego, como pedían
todos los grupos de la oposición. La Ley, que no había recibido
enmiendas a la totalidad, obtuvo el respaldo del PP y UM, después
de una discusión parlamentaria en la que la única concesión del
grupo popular a las 17 enmiendas del PSIB-PSOE, las 17 del PSM y
las 10 de EU-EV consistió en la citada transacción.
Este hecho contrasta con las 17 propuestas de corrección aceptadas durante los trámites realizados por la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, las mayoría de las cuales procedían del PSM. Las fuerzas parlamentarias de la oposición expresaron su rechazo a artículos concretos del proyecto de ley elaborado por el Govern, aunque destacaron la necesidad de adaptar la coordinación de las policías locales del archipiélago a la realidad actual, tras los cambios que se han producido desde que la anterior regulación fue aprobada en 1988.
Los diputados del PSIB María José Camps, el PSM Eduard Riudavets y EU-EV Miquel Rosselló criticaron la excesiva intervención del Govern en las competencias municipales que, a su juicio, se desprende de esta ley, así como la carga económica que comportará a los ayuntamientos su aplicación. Además, rechazaron que los agentes locales lleven siempre armas, lo que finalmente fue objeto de la transacción citada.
En este sentido, el diputado del PP Miquel Jerez indicó que el hecho de que los agentes presten siempre sus servicios con armas no significa que éstas sean de fuego, ya que pueden utilizar otro tipo de instrumentos de defensa reglamentarios, como pueden ser los «sprays».