Los seis acusados por este caso tendrán que sentarse en el banquillo ante la Audiencia Provincial después de que el responsable del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Santiago Pinsach, haya dictado el auto de apertura de juicio oral. El principal encausado, el interventor de la sucursal de Santa Eulària del Banco de Crédito Balear que fuera trabajador de esta empresa desde 1986, está acusado por el fiscal de un delito continuado de apropiación indebida y otro de alzamiento de bienes. Por ello, en total, se pide una condena de nueve años y diez meses de prisión, multas y que devuelva los 1.051.290 euros de los que supuestamente se apoderó entre agosto de 2003 y octubre de 2004.
Los otros socios de los negocios que éste tenía y de los que supuestamente se desligó tras venderles sus participaciones están acusados delitos de alzamiento de bienes. Algunos de éstos tienen lazos de parentesco con el anterior. Tres de ellos se juegan una pena de tres años de cárcel y los otros dos una condena de dos años y un mes de prisión. Estas cinco personas responden de un presunto delito de alzamiento de bienes al entenderse que adquirieron las participaciones de las empresas presuntamente a sabiendas «de la condición deudora del interventor y con la intención de situarlas fuera del alcance de las posibles y probables acciones crediticias del Banco de Crédito Balear», según el escrito fiscal.
La investigación judicial por este caso, que incluyó el ingreso en prisión del interventor el 20 de abril de este año tras no aparecer el dinero supuestamente apropiado, responsabiliza a dicha persona de apoderarse de más de un millón de euros procedentes de los cuatro cajeros dependientes de la sucursal en la que trabajaba. La investigación también recogió que hasta noviembre del año pasado los responsables de la entidad no notaron las irregularidades. El mismo día 19 de este mes, el interventor no se presentó en su puesto de trabajo y seguidamente emitió dos cartas a la dirección general del banco en las que reconocía los hechos que luego se le imputaron. El empleado pidió perdón y se ofreció a devolver las cantidades sustraídas. Más adelante, entregó otra carta manuscrita en la que renunciaba a sus poderes y solicitaba su propio despido. Según la información recogida por este periódico, el interventor ha eximido durante la causa al resto de sus socios y ha asegurado que todo el dinero que falta fue dilapidado en el juego, especialmente en loterías.