La decisión del juez Santiago Pinsach, responsable del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, se adoptó después de que el propio fiscal de Medio Ambiente, Manuel Campoy, pidiera el sobreseimiento de las actuaciones.
El fiscal Campoy, quien en su día impulsó la investigación de lo ocurrido y reclamó que dos supuestos organizadores pasaran a declarar como imputados, solicitó que se diera carpetazo. Todo ello, ante la inexistencia de informes oficiales o denuncias que acreditaran indicios sobre la posibilidad de que en lo que fue a todas luces una carrera de embarcaciones de alta velocidad se hubieran producido situaciones de peligro real para la vida de alguien o se causara un daño ecológico en la reserva marina de ses Salines. La Fiscalía abrió en su día diligencias informativas para aclarar si con la prueba se pudo cometer un delito medioambiental y también otro de conducción temeraria.
La reunión de lanchas y la organización de la prueba queda, tras este acuerdo judicial, queda ahora únicamente supeditada a que de todo ello se pueda derivar una simple sanción administrativa. Todo ello siempre y cuando así lo tramite la Capitanía Marítima de Eivissa. El fiscal de Medio Ambiente, precisamente, solicitó a la Capitanía Marítima, un informe sobre la concentración de lanchas que se produjo el pasado mes de agosto. La prueba llegó a estar publicitada por internet y tal y como reconoció a este periódico el capitán marítimo, Jesús Varela, ésta se efectuó sin ningún tipo de permiso.
La Capitanía Marítima es uno de los organismos a los que el juzgado consultó durante la investigación. La Guardia Civil identificó a los supuestos organizadores pero tampoco ha aportado pruebas en las que se evidenciara que hubo peligro para navegantes o bañistas. La dirección de la Reserva Natural de ses Salines tampoco ha constatado que hubiera queja alguna por lo sucedido ni tampoco registró en su día que se hubieran producido daños ecológicos en una prueba que transcurrió entre Eivissa, Formentera y es Vedrà.