«Ha tenido problemas con su actual pareja. La ha echado de su domicilio en dos ocasiones y por dos veces la he acogido en casa con nuestra hija. Así es como me lo está pagando». Éste fue el alegato final que realizó ayer uno de los tres hombres que fueron juzgado en Eivissa por un acusaciones de malos tratos.
El sospechoso negó que hubiera golpeado a su pareja y ahora, con la nueva ley contra la violencia doméstica, se enfrenta no sólo a un año de prisión, a la prohibición de portar armas durante el mismo tiempo y a tres años más de no comunicación con la supuesta víctima, sino que, además, puede verse obligado a someterse a un tratamiento de educación sexual y contra los malos tratos.
La juez Martina Rodríguez Rodríguez, responsable de lo Penal número 2 de Eivissa, en una de las primeras sentencias que se dictan en la isla al respecto, impuso dicha pena de reeducación minutos antes a otro detenido por violencia doméstica. El sospechoso, un hombre de nacionalidad francesa que hasta ayer estaba preso, aceptó una condena de un año de prisión al reconocerse autor de amenazas y malos tratos a su pareja. La juez le anunció, tras el informe fiscal, que iba a quedar en libertad y que ello siempre iba a quedar supeditado al cumplimiento de un cursillo de reeducación cuya fecha y ejecución debían de acordarse. Otra persona, esta vez un vecino de Sant Antoni de 62 años procesado por, supuestamente, dar un bofetón a su esposa y golpearle en el pecho con el mango de un cuchillo, se conformó con una condena de seis meses de cárcel. La penas de reeducación se aplicarán en ejecución de sentencia y corresponde ahora a otros organismos habilitar los lugares y los medios necesarios para que los condenados cumplan estos tratamientos. «Suponemos que se hará en Cas Serres o promovido a través de la oficina de la Dona», explicó un abogado.