La investigación interna que llevó la propia Guardia Civil al tener conocimiento de que en Eivissa un agente había montado un 'servicio' ilegal de protección y escolta se saldó en febrero de 2001 con cuatro detenidos. Dos de los implicados eran guardias, y los otros dos personal civil que habían guardado relación con la Armada. Entre estos últimos figuraba un testigo protegido del caso Laso y Zabala, los dos etarras asesinados en Alicante 1983 y cuyos restos no fueron identificados hasta doce años después. El dato no había transcendido ahora por figurar dentro del secreto de sumario de un caso el que recientemente aún no había resolución.
La detención de todos ellos tuvo lugar después de que los sospechosos supuestamente utilizaran a un medio de comunicación de la isla para presionar a uno de los 'clientes' que querían captar filtrando que éstos estaban siendo investigados por la policía. Se trataba del hijo del presidente guineano Theodore Obiang y la extorsión trascendió a los más altos niveles.
El grupo, de cuyo arresto ya se informó en su día, 'ofrecía' sus servicios aprovechándose de datos confidenciales. Dos de ellos, uno de los guardias y uno de los civiles relacionado con la Armada, ingresaron en prisión como presos preventivos. Según la información recogida por este periódico, los acusados presuntamente llegaron a tomar instantáneas de personas y familiares de éstos. Luego, uno de los guardias civiles contactaba con los 'clientes' potenciales, se identificaba como agente de la Benemérita y les decía que dichas imágenes habían sido intervenidas a un detenido que los espiaba.