El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no escuchó ayer los gritos de protesta de unos 30 simpatizantes de CCOO y CSI-CSIF que le esperaban en la extensión de la UIB en Eivissa. El ministro no vino a la isla. Tenía previsto pronunciar una conferencia titulada «El futuro de la Constitución Europea», pero dejó el trabajo a la subsecretaria de Justicia, Ana de Miguel, que soportó los gritos, las pitadas y las críticas en el lugar de su jefe. De Miguel podría haber visto ayer con sus propios ojos el estado en el que se encuentra el edificio, pero no quiso visitarlo.
«Movilització Justicia, Ara o Mai», «Reforma de la Justicia; perdemos todos» y otras consignas de los dos sindicatos mayoritarios presidieron la llegada a la UIB del Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros; el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica; y de la ibicenca María Luisa Cava de Llano, primera adjunta del anterior. Nada tienen que ver estos personajes con las demandas de los sindicatos, pero las pitadas se las llevaron de igual forma.
Tras la presentación oficial de la VI Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera, titulada Los derechos Humanos en Europa desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, acto en el que también participó el presidente Pere Palau, la subsecretaria de Justicia se refirió a las demandas de los sindicatos, tanto en lo que atañe a las negociaciones laborales de los funcionarios como al edificio de los Juzgados, al que se refirió como «Palacio de Justicia».
«Existe un proceso de ubicación de un nuevo Palacio de Justicia en Eivissa», dijo De Miguel, que aseguró que «aún no hay nada firmado» para desarrollar el proyecto «Eivissa Centre», plan elaborado por el Ayuntamiento de Eivissa en supuesto consenso con el Ministerio de Administraciones Públicas en el que se contempla la creación de un nuevo edificio de Juzgados o Palacio de Justicia, entre otros temas.