Un centenar de taxistas arropó ayer a la familia de Daniel Aníbal Aguilera, el taxista que murió apuñalado el viernes pasado en Madrid, en el cementerio de la Almudena, donde sus restos descansan ya en un nicho del camposanto.
A las 13.40 horas los restos mortales del taxista David Aníbal Aguilera, de 45 años y nacionalidad argentina, fueron trasladados en un coche fúnebre desde el tanatorio Norte, cercano al hospital Ramón y Cajal, hasta el cementerio madrileño.
Un centenar de taxis, la mayoría con lazos negros en sus antenas, ha acompañado en su recorrido hasta la Almudena al coche fúnebre, que ha ido escoltado por agentes motorizados del Cuerpo Nacional de Policía.
La comitiva fúnebre, formada por taxis y algunos coches particulares, ha cubierto en veinte minutos la distancia que separa el tanatorio Norte de la Almudena.
Tras el oficio religioso, los compañeros han acompañado a pie el coche fúnebre hasta el nicho donde ya descansa el cuerpo de David Aníbal Aguilera.
Su asesinato ha reabierto el debate de la seguridad en los taxis y esta mañana muchos ha expresado su indignación.
Entre ellos, el ex presidente y actual vocal de la Junta directiva de la Federación profesional del Taxi, Julio Sanz, que ha asegurado a Efe que los taxistas no quieren «ni parches ni soluciones parciales a la seguridad».
En esta línea, ha señalado que la mejor respuesta es que se autoricen el diseño de prototipos de vehículos que acepten en su interior todo tiempo de dispositivos como mamparas, localizadores GPS, lectores de tarjetas de crédito e incluso cámaras de videovigilancia.
Respecto a las subvenciones que reciben del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad sobre la instalación de algunos de estos dispositivos, ha afirmado que el localizador GPS cuesta 2.000 euros y la subvención asciende a 720 euros, una cantidad que, a su juicio, se recibe con «mucho retraso» y «una vez que el taxista ha comprado por su cuenta el GPS».
En el caso de las mamparas, los taxistas pueden recibir 150 euros del Ayuntamiento y otros tantos de la Comunidad de Madrid, si bien ha denunciado que desde hace cinco años «la Comunidad no la paga».