J.M.ALONSO
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha desestimado el recurso que presentó la Adminsitración de la Comunidad Autónoma contra un recurso previo interpuesto y ganado por una médico de Can Misses que fue apartada del hospital por la gerencia en el año 2004.
La doctora, que llevaba trabajando unos seis años en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses, fue suspendia de empleo y sueldo por el entonces gerente, Ignacio Martínez, bajo la acusación de cometer «cinco faltas graves y dos faltas muy graves».
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha dado la razón a la médico, que a raíz de todo lo ocurrido tuvo que abandonar la isla por la presión laboral que sufrió en Can Misses, informó ayer su abogado en este caso contra la Comunidad Autónoma, José Ignacio Preciado Ortiz de Zárate.
De hecho, la doctora apartada por la gerencia presentó en su momento en el Juzgado de lo Social de Eivissa una demanda por el supuesto acoso moral que sufrió en el hospital por parte de algunos de sus compañeros y jefes, lo que popularamente se conoce como mobbing, denuncia que fue desestimada por falta de pruebas y que la interesada no consideró pertinente recurrir.
Ahora, tras la sentencia favorable de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, la doctora anunció ayer a través de su letrado que va a solicitar una indemnización a la Adminsitración de la Comunidad Autónoma por los daños morales que le causaron las acusaciones de la gerencia de Can Misses.
Tras la suspensión cautelar de empleo y sueldo, la doctora trabajó primero en el sector de la sanidad privada en Torrevieja y después logró una plaza en un hospital de Cuidad Real, donde trabaja en la actualidad. Al parecer, esta doctora tuvo un enfrentamiento, por motivos personales, con una compañera que también trabajaba en la UCI.
Según su abogado, a partir de este momento comenzó el calvario de la médico, que fue acusada incluso de tomar decisiones clínicas unilaterales sin consultarlas con el resto de los equipos médicos, lo que, según estas acusaciones ahora rechazadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, conllevó la desconexión de la respiración artificial de varios pacientes, que fallecieron.
Según la investigación de la gerencia de Can Misses, la doctora incumplía reiteradamente las normas y comportamientos que se exigen a los profesionales que trabajan en la UCI. Todo ello ha quedado ahora desacreditado por esta última sentencia, contra la que no cabe ya recurso ordinario.
Según un informe psiquiátrico, la doctora sufrió alteraciones psicológicas a consecuencia de su enfrentamiento con algunos compañeros de Can Misses, lo que el informe califica como «maltrato psicológico continuado en el trabajo».