Un constructor afincado en la isla y su mujer se enfrentan a cuatro años y dos meses de cárcel después de que hayan tenido que sentarse en el banquillo acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes después de que otro empresario de la isla les denunciara por el supuesto impago de una deuda próxima a los 61.000 euros. Tras iniciarse la investigación judicial, se descubrió que la constructora a la que se reclamaba dicha cantidad debía algo más de medio millón de euros a la Tesorería de la Seguridad Social, así como numerosas deudas con otras personas con las que trabajaba. Según la acusación particular y el fiscal, el acusado, conjuntamente con su mujer, se valieron de un entramado familiar para supuestamente ocultar bienes y disponer de ellos.
Además de la pena de cárcel, las acusaciones, en un juicio que se celebró ayer ante la responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, la magistrada Martina Rodríguez, también se solicitó que los sospechosos pagaran una multa de 15.600 euros y que se destinen fincas que pertenecen al patrimonio de la mujer para pagar a los acreedores que pudieran existir.
La instrucción del caso se remonta ahora a hace cinco años, cuando la sociedad Bocek SL cesaba su actividad tras sufrir una «crisis el sector de la construcción» y se firmaron unos pagarés a una importante empresa de pintura de la isla para que fueran abonados por otras sociedad similar, Milenio de Obras Públicas, nacida con la ayuda de hijos del acusado y con domicilio social en la calle Madrid, en un local donde estaba afincada Bocek SL y sitio, a su vez, propiedad de la mujer del constructor. «Me engancharon a finales de los años 80. No podía pagar y pensaba que la empresa de mis hijos salvaría la situación porque había proyectos para Bocek. Al no poder concretarse, ésta adquirió la maquinaria de la primera. Hoy en día, salvo la Seguridad Social, he podido pagar todas las deudas que se tenían gracias a a mi trabajo en Milenio y a las cantidades que he pedido a cuenta», indicó el constructor.
Según la acusación particular, la nueva empresa lleva ahora a cabo trabajos en el Paseo Marítimo, la calle Aragón, en Vila; así como en sa Carroca y Punta Pedrera en Sant Josep, entre otros lugares. La defensa alegó que los negocios de la acusada eran independientes de los de su marido indistintamente de las separación de bienes que existe ahora en un matrimonio separado. Además, presentó una sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ en la que se reconocía que la empresa de la acusada no tenía ninguna relación profesional con las constructoras aludidas.
El querellante, por su parte, reclama una cifra próxima a los 7.000 euros que, según él, resta por cubrir. «Se me empezó a pagar en 2004 cuando ya estaba el pleito muy avanzado. Antes, de palabra, se intentó llegar a un acuerdo con un piso. Cuando pedí mi dinero y no cobraba, el acusado me dijo: ya eres mayorcito, haz lo que quieras. Y eso es lo que he hecho, denunciarlo», explicó el afectado.