La última jornada por el juicio de los vertidos de la gasolinera de Santa Gertrudis fue la de los reproches entre los acusadores y los defensores de los cuatro imputados y de las tres aseguradoras, a las que se reclaman en total casi dos millones y medio de euros, 1,7 de los cuales los pide el Govern balear por los gastos de descontaminación. Otros 700.000 euros reclaman los particulares cuyos pozos están afectados por el vertido de unos 30.000 litros de gasolina sin plomo en 2002.
Los cuatro imputados, el dueño de la gasolinera, la apoderada (ayer no pudo venir al juicio porque está en Austria), la encargada y el ingeniero que firmó el final de obra se enfrentan a tres acusaciones, cada una alternativa de la otra, formuladas por el Ministerio Público. El ingeniero se enfrenta a tres meses de prisión y los otros tres podrían ser condenados hasta a cuatro años por delitos dolosos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Si la juez no aprecia intencionalidad, también podrán ser condenados a cinco meses por imprudencia grave. Por último, el Ministerio Público también ha formulado acusación por daños.
Las prisas
Los acusadores, con el Ministerio Público a la cabeza, recordaron que el vertido fue consecuencia de una serie de irresponsabilidades derivadas de la modificación del proyecto original. Las prisas hicieron que se instalaran tanques de fibra como si fueran de acero, que no se encajonaran en una estructura de hormigón, que las alarmas de fuga no se atendieran en forma debida y, sobre todo, destacaron el hecho de que siguieran usando el tanque una vez que ya se sabía que había una fuga. En este punto, señaló la fiscal, se advierte dolo, al menos provisional.
Como prueba, las acusaciones recordaron que al menos dos coches que fueron a repostar llenaron sus depósitos con agua mezclada con gasolina, lo que indica que había una fuga, a no ser, como dijeron las defensas, que a la gasolinera se le sirviera el combustible ya pervertido.
«En este banquillo sobran los que están y faltan los que son»
Las defensas de los acusados y las aseguradoras criticaron «los malabarismos jurídicos» del Ministerio Público, en referencia a las acusaciones alternativas; apelaron a la dilación indebida, ya que hace ocho años que se produjo el vertido; recordaron que la imprudencia grave, en caso de que la hubiera, ya ha prescrito, y en todo momento responsabilizaron del vertido a la constructora y a los técnicos.
«En este banquillo sobran los que están y faltan los que son», dijo uno de los defensores. En todo momento, los abogados aseguraron que no se habían presentado pruebas de cargo contra los clientes y que los peritajes de los daños sufridos por los particulares están mal hechos.