El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma a un guardia civil y dos exmilitares, que extorsionaron en 2000 y 2001 a varias personas en Eivissa, entre ellas a Teodoro Nguema Obiang, exministro de bosques de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente de este país, pero ha rebajado una pena.
En su sentencia, el alto tribunal mantiene las condenas que sumaban hasta 25 meses de prisión a Francisco Javier Gómez Campillo, Pablo Codesido Gutiérrez y Miguel Segovia Boronat como autores de delitos de amenazas, extorsión, revelación de secretos y realización de actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Tras confirmar las condenas por los delitos, el Supremo ha rebajado de quince a nueve meses la pena para dos de ellos (Gómez y Segovia) al estimar que uno de los delitos que cometieron es un delito simple y no continuado de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que la sanción es menor.
Los exmilitares Pablo Codesido Gutiérrez y Miguel Segovia Boronat crearon y el entonces guardia civil Francisco Javier Gómez Campillo crearon en 2000 la empresa Agencia de Tecnologías, Investigación y Sistemas de Seguridad (Atiss) para investigar delitos, dar escolta e instalar sistemas de seguridad en Eivissa.
Los acusados acudieron a la vivienda de San Antoni que utilizaba Teodoro Ngema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y ministro de su gabinete, para ofrecer sus servicios de seguridad, que fueron rechazados.
Sin embargo, exigieron al ministro africano cuatro millones y medio de pesetas «por los gastos realizados» y le amenazaron con, si no pagaba, enviar a los medios de comunicación «grabaciones y fotos comprometedoras del ministro». Pero Obiang no pagó.
Los tres condenados cometieron también otras extorsiones.
Tras ser contratados por un perito de Winterthur, pidieron a un cliente de la aseguradora que renunciase a la indemnización de un robo porque si no «se acordaría toda la vida».