El Consell de Govern, a propuesta del conseller de Presidència, Antonio Gómez, ha adoptado un acuerdo por el cual se da inicio al procedimiento de elaboración del decreto por el cual se crea la «delegación territorial del Govern en Formentera», la única isla no gobernada por el PP.
La especificidad de la isla de Formentera, su doble insularidad, hace conveniente la apertura de una delegación territorial del Govern balear dentro de su territorio para la coordinación administrativa de las competencias y de los servicios que le son propios, de forma que se acerque la Administración autonómica a los ciudadanos de la Isla, según el propio ejecutivo autonómico.
«Sorpresa»
Por su parte, el vicepresidente segundo y portavoz del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, expresó ayer su «sorpresa». «Ni lo hemos pedido ni nos lo han consultado, así que no entendemos nada ni sabemos qué funciones tendrá esta figura», señaló Escandell, que añadió que menos aún se entiende esta medida en el actual «momento de austeridad».
Con ironía, el portavoz del Consell de Formentera resaltó: «De alguna manera, nos alegramos, porque esto significa que los problemas económicos se están resolviendo, ya que hay dinero para crear nuevas direcciones generales, así que es de esperar que pronto el Govern podrá pagar los diez millones de euros que le debe a Formentera».
Además, Escandell aseguró que, en la actualidad, «el ciudadano ya puede hacer todas las funciones que necesita de la Administración en Formentera».
Según el Govern balear, el anteproyecto de decreto supone la creación de un nuevo órgano administrativo en el que se integran un delegado o delegada, con rango asimilado al de director general, y funcionarios autonómicos encargados de cumplir con las funciones encomendadas a la delegación, siempre con el fin de mejorar la situación de los residentes en Formentera, derivada del hecho de la doble insularidad.
El artículo 3 del Estatut, reformado por la Ley 1/2007, de 28 de febrero, dispone que esta ley marco ampara la insularidad del territorio de la Comunitat Autónoma como hecho diferencial y merecedor de una protección especial, e insta los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para evitar que del hecho diferencial se puedan derivar desequilibrios económicos o de cualquiera otro tipo.