El juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, informó ayer acerca de la XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España que se celebró entre los días 28 y 30 de noviembre en Vitoria, un encuentro en el que acordó una larga serie de medidas, 31 en total, para reformar el sistema judicial español.
Entre estas peticiones de reforma de la Justicia destaca la posibilidad de crear nuevas plazas de juez sin necesidad de que vayan acompañadas por el equipo de funcionarios que conforman un juzgado. En el caso de Eivissa, esta reclamación de los jueces decanos españoles se concretaría con la constitución de un Tribunal de Instancia dotado con dos nuevos jueces de Primera Instancia. Esta medida está encaminada a reducir el enorme número de casos que se acumulan en los juzgados españoles, incuidos los ibicencos.
Torres explicó que las 31 medidas acordadas por los jueces decanos se agrupan en cuatro bloques.
El primero encamindo a «reforzar la independencia del poder judicial» y que se refiere a la forma de elegir a los miembros del CGPJ, en la actualidad designados en buena parte por los partidos políticos. El segundo bloque agrupa medidas para la modernización de la Justicia. Aquí, entre otros asuntos, se incluye la implantación de un único sistema de gestión procesal, dejando de lado el actual, que varía según las comunidades autónomas, y la posibilidad realizar las notificaciones mediante de sms o correo electrónico.
El tercer bloque de propuestas apunta a la necesidad de aumentar la plantilla de jueces, ya que la media en España es nueve por cada cien mil habitantes y en otros países del entorno llega a hasta los 17. El último bloque se refiere a la adopción de medidas encaminadas a agilizar los procesos. «Se podrían aplicar tasas pedagógicas o disuasorias, nada que ver con el copago, encaminadas a evitar los recursos que se presentan muchas veces de forma automática», dijo Torres.
5.000 millones de euros cautivos
«Un funcionamiento ágil y eficaz de la Justicia sigue siendo una asignatura pendiente en España, ya que una Justicia ágil es fundamental para asegurar la reactivación económica, porque hay miles de millones de euros inmovilizados, fuera del circuito económico, a la espera de resoluciones judiciales», afirmó el juez decano, que no cifró esta cantidad que otras fuentes elevaron hasta un mínimo de 5.000 millones. Torres se refiera al enorme volumen de asuntos pendientes en los juzgados de los de dependen indemnizaciones, ejecuciones hipotecarias, despidos y desahucios, entre otros asuntos.