«Las cosas están como están y todas estas personas no son sino víctimas de la situación, su culpa es fruto de la necesidad», razona Mohamed Eddars, vicepresidente de la Asociación Marroquí El Mediterráneo, agrupada dentro de la Plataforma por la Convivencia, y también coordinador de la Asociación de Mujeres Marroquíes La Paz. «Tienes que pagar un alquiler, dar de comer a tus hijos, no tienes trabajo y, por tanto, este Gobierno te quita el permiso de residencia, pierdes los 426 euros y también te quita la tarjeta sanitaria», describe Mohamed Eddars. «Entonces viene un señor, un señor al que no defiendo ni justifico [y que está en busca y captura], y les ofrece una salida, un contrato, y ellos, que son gente trabajadora de clase baja, firman porque piensan que es algo legal», explica Eddars, un hombre nacido en Marruecos, arraigado en Eivissa hace muchos años y que también cuenta con la nacionalidad española. «No obstante», remarca, «que cada palo aguante su vela».
La semana pasada, la Policía Nacional detuvo a 76 personas, 61 de ellas en Eivissa, e imputó a otras 84 en una operación en la que se ha destapado un complejo entramado empresarial para defraudar a la Seguridad Social del que se han beneficiado unos 500 inmigrantes, la mayor parte de ellos residentes en Eivissa y de origen marroquí, y que han ocasionado un perjuicio al Estado de unos dos millones de euros, según la información policial. Se les imputan delitos de delitos de fraude por el cobro de prestaciones, falsedad documental y estafa.
Falsas empresas
Firmaron, a cambio de pagar entre 300 y 500 euros, contratos de trabajo falsos que les ofrecía el ahora prófugo Hamed el Abbas y que se emitían desde empresas inexistentes. De esta forma algunos podían acceder a recuperar el permiso de trabajo y otros a cobrar prestaciones por desempleo.
«También es casualidad que la policía detenga a tantas personas en la Isla [61 de un total de 76, el resto fueron arrestadas en Madrid] y que justo se les escape el más importante», señala Eddars en referencia a Hamed el Abbas, que fue citado por la policía en varias ocasiones hasta que, finalmente, no compareció en la última de ellas. Desde entonces está desaparecido. La policía calcula que unas 500 personas, tal vez más, se habrían aprovechado de estos contratos para conseguir prestaciones por desempleo o permisos de trabajo.