La muerte de un bebé de ocho meses tras ser violado en un orfanato de la Gobernación de La Paz causó este viernes una fuerte conmoción en Bolivia y peticiones de castigos ejemplares para el autor, informaron fuentes oficiales.
La Gobernación de La Paz indicó que por el crimen, ocurrido este jueves, han sido detenidos cuatro funcionarios del orfanato Virgen de Fátima y se investigará a los médicos de un hospital que supuestamente se negaron a atender al menor, que sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Los detenidos son la administradora, un médico, un portero y una niñera del orfanato donde se produjo la violación del bebé que le provocó la hemorragia que derivó en su muerte.
«Esto es algo aberrante. Yo creo que las madres y los padres que amamos a los niños tenemos que exigir que se dé una sanción», dijo la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.
La ministra señaló que hay que «unir fuerzas para que se sancione con la máxima pena al autor» y que se castigue también a las autoridades responsables del orfanato.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, pidió a la Justicia la aplicación de la ley con todo su rigor en contra del autor de la violación.
«Yo creo que tienen que aplicar todo el rigor de la ley en este tipo de hechos que nos indigna, nos dejan molestos, nos dejan con un dolor muy fuerte», señaló Elío.
La autopsia del bebé confirmó que sufrió un abuso sexual en la madrugada del jueves y que murió a causa de la hemorragia producida por la violación.
El bebé, llamado Óscar, fue internado en el orfanato hace un tiempo tras ser recogido de manos de sus padres alcohólicos, que viven en las calles de La Paz.
Los funcionarios de la Gobernación, controlada por el oficialismo, y la Defensoría del Niño del municipio de La Paz, en manos de la oposición, se enzarzaron este viernes en un conflicto al reclamar cada uno la potestad para enterrar el cuerpo del bebé, según publicaron medios locales.
El caso se presenta en medio de una ola de denuncias de violencia sexual contra mujeres y menores, que ha preocupado a las autoridades del Gobierno que estudia qué acciones poner en marcha para frenar los recurrentes casos de abuso y ataques sexuales.
El Gobierno boliviano promulgó en marzo del año pasado la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y lo castiga con la pena más alta de la legislación boliviana, 30 años de prisión sin indulto.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la ley, los índices de violencia machista en el país no solo no se han reducido, sino que se han incrementado.