El Supremo ha ratificado el internamiento por un tiempo máximo de 20 años en un centro psiquiátrico penitenciario para Lorena G.F., la mujer que intentó matar en 2014 a la esposa del locutor deportivo Paco González, así como también la condena penal para su cómplice.
De este modo, el alto tribunal confirma los 22 años de cárcel para Iván T.P., que actuó junto a la primera en los citados hechos, por delitos de homicidio en grado de tentativa y de proposición para el asesinato
Lorena G.F. fue declarada por la Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia que ahora se confirma íntegramente, autora de un delito de intento de homicidio, otro de lesiones, y de dos delitos de proposición para el asesinato, pero se le aplicó la eximente de alteración psíquica del artículo 20.1 del Código Penal.
Se estimó que padecía un trastorno diagnosticado como delirio erotomaníaco, que condicionaba por completo su voluntad.
La Sala Penal del Supremo desestima los recursos de los acusados y también los presentados por la acusación particular en nombre de la esposa de Paco González y de una de sus hijas, que viajaba junto a su madre en un vehículo el 5 de febrero de 2014, cuando se produjo el intento de homicidio en Boadilla del Monte (Madrid). La chica también fue apuñalada y sufrió lesiones.
Lorena G.F., entre otros motivos, consideraba en su recurso que se había vulnerado su presunción de inocencia.
El Supremo contesta que «los relatos de las dos víctimas y el informe forense son elocuentes en cuanto a la voluntad homicida en el momento de agredir los coacusados a aquéllas.
Estos médicos forenses en la vista oral afirman con toda claridad que las heridas causadas a esta víctima podían afectar a órganos vitales, aunque ello no se produjo porque no llegaron a ser más profundas.
En cuanto al recurso de Iván T.P., en el que se afirma que la intención era solo intimidar a la víctima, el Supremo destaca que el relato de las víctimas, madre e hija, aleja toda duda al respecto.
Respecto al recurso de la acusación particular, que reclamaba que la condena se ampliase a otro delito de proposición para el asesinato, el Supremo tampoco lo acepta al entender que en los hechos probados no hay base para hacerlo.