Los agentes de medio ambiente de Baleares se han mostrado este lunes preocupados ante la «elevada permisividad» de la Ley Agraria y ante su incidencia sobre la conservación de los terrenos y especies forestales.
En un comunicado, el colectivo ha explicado que uno de los aspectos más graves de la normativa es la permisividad que representa en relación a los usos y aprovechamientos forestales. Así, dicen que, bajo el título de uso propio y sin ningún tipo de autorización previa ni supervisión posterior, se podrá eliminar cualquier tipo de especie forestal no protegida «en cantidades absolutamente desproporcionadas».
De esta manera, se permiten talas de hasta 10 m3 de árboles, el equivalente en madera de encina a unos 6.000 kilos. «Cualquier especie forestal puede ser talada independientemente de su rareza, tamaño, ubicación o particularidad en cada una de las islas. No discrimina tampoco si la tala se produce en un espacio natural protegido o en una formación boscosa catalogada como por ejemplo los encinares, tampoco existe ninguna restricción sobre la época del año en la que se pueden ejecutar», han explicado.
LOS AGRICULTORES NO DEBERÁN CUMPLIR INDICACIONES QUE ERAN OBLIGATORIAS
Además, indican que estas talas sin supervisión previa podría provocar, por ejemplo, el abandono de nidos de especies catalogadas y un importante riesgo de incendios forestales provocado por el abandono de los restos de las talas. «Con la nueva Ley el agricultor no deberá cumplir ninguna de las indicaciones que hasta ahora eran de obligado cumplimiento para evitar este riesgo».
Otro aspecto que preocupa a la Associació d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears es la ejecución de las recuperaciones de cultivo. Todas las superficies de menos de 30 años invadidas por la vegetación forestal podrán ser roturadas y rozadas por el propietario sin necesidad de autorización previa. Todo ello sin límite de extensión, independientemente del grado de consolidación, su viabilidad técnica o económica, la presencia de especies protegidas o catalogadas, la existencia de hábitats o especies de interés comunitario, entre otros factores.
Con esta Ley bastará presentar una simple declaración responsable. No se realizará una inspección y posterior informe por parte de los Agentes de Medio Ambiente sobre el terreno, evaluando la viabilidad de esta recuperación de cultivo. Tampoco será necesario el informe realizado por los técnicos forestales de la Conselleria comprobando que la actuación es procedente.
PERMANENCIA EN EL TIEMPO DE LA MASA FORESTAL
Los agentes de medio ambiente explican que su supervisión en el terreno permite el cumplimiento del objetivo básico de la Ley de Montes, como es la permanencia en el tiempo de la masa forestal. «La presencia en el territorio de los agentes era la garantía de que especies catalogadas y en peligro no fueran afectadas involuntariamente por el propietario que ejecutaba los trabajos. Ahora se expone de forma accidental o por desconocimiento a repercusiones penales por un posible delito contra la flora y la fauna», explican.
Según han detallado, la pérdida de la función de asesoramiento y gestión sobre las superficies forestales, a partir de ahora clasificadas como aprovechamientos agrícolas, pasará a ser en muchos casos una función sancionadora si los propietarios o explotadores de los aprovechamientos no cumplen con el resto de la normativa sectorial vigente.
Además, han apuntado que es previsible que con la nueva Ley se ejecute un buen número de deforestaciones con fines no agrícolas y únicamente «por motivos puramente inmobiliarios» con el consiguiente abandono de residuos, aumento del riesgo de incendios forestales o riesgo de plagas. Asimismo, podría provocar el cambio en el paisaje forestal de las islas, uno de los activos más importantes de nuestra comunidad.
ESTUDIAN INTERPONER UN RECURSO CONTRA ALGUNOS ARTÍCULOS
La Associació d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears (AFIB) estudia interponer un recurso contra determinados artículos de esta Ley Agrícola al entrar en conflicto con la Ley de Montes estatal y con otras normativas sobre protección de especies y espacios naturales.