El pleno del Parlament ha aprobado este martes con un alto grado de consenso la Ley de Igualdad de hombres y mujeres, que entre las novedades, incluye como formas de violencia machista la mutilación femenina y el impago voluntario de la pensión alimenticia, e incorpora el concepto de feminicidio.
«La máxima expresión de la violencia machista es el asesinato de las mujeres», ha apuntado la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, que ha defendido la ley en el pleno «por nostalgia» a cesión de la Conselleria de Presidencia, que tiene las competencias de igualdad.
Santiago, que ha sido la responsable de presentar la ley en las dos ocasiones anteriores en la que ha sido rechazada desde 2009, ha destacado la importancia de la inclusión de las nuevas tipificaciones de violencia machista en la normativa, entre ellas, la simbólica y la trata de personas con fines sexuales.
Asimismo, la consellera ha tenido un recuerdo para las 29 víctimas de violencia machista en Baleares registradas desde 2003 nombrando a cada una de ellas. Además, ha defendido la introducción de la figura del feminicidio en la ley, que se refiere al asesinato de mujeres solo por su condición de tal.
La normativa busca hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, entre ellos en la Administración, impulsando la paridad y una representación «equilibrada» en los organismos públicos, que no deberá ser inferior al 40 % ni superior al 60 % por parte de ninguno de los sexos.
La incorporación de la visibilidad de género en todos los ámbitos, la obligación de los centros educativos públicos de adoptar prácticas de «coeducación» con la introducción de currículos y material de trabajo a favor de la igualdad y en contra de los estereotipos también se incluyen en la normativa.
La divulgación de las aportaciones de las mujeres, la garantía de su inclusión en las políticas de ocupación, la introducción de cláusulas específicas en los contratos colectivos, con medidas específicas contra el acoso sexual, y acciones en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres también son regulados en la normativa.
Facilitar el acceso de los anticonceptivos a las adolescentes y preferencia para la interrupción de los embarazos en los centros públicos, incentivar la conciliación de la vida familiar y laboral, con medidas de flexibilización de horarios, jornadas parciales, y la implantación del permiso de paternidad de cuatro semanas de forma intransferible e individual también están previstos en la ley.
El texto fija prohibiciones y sanciones que van de los 3.000 a los 90.000 euros por infringir la normativa y busca comprometer a los medios y la publicidad en el combate de los estereotipos sexistas. También comprende la creación de figuras como el Observatorio de la Igualdad y del defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres.
El pleno ha confirmado la votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos que debatió el proyecto de ley de Igualdad, compuesta por 88 artículos, y cuyo texto inicial ha sido mejorado con la «clarificación de conceptos y el establecimiento de calendarios».
Por otra parte, la ley considera violencia machista el impago voluntario de la pensión de alimentos por parte de los padres separados, como una manera de control y maltrato económico a la mujer. La norma reconoce a las víctimas de esta violencia económica el derecho de acceder a las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas y psicológicas.
Respecto a las intervenciones en el Parlament tratando el tema, los diversos grupos parlamentarios han destacado en el pleno, al que han acudido diversas entidades sociales a favor del derechos de las mujeres, el nivel de consenso que ha tenido la ley, mientras la oposición ha expresado sus diferencias en determinados conceptos. Entre ellos, la diputada del PP Sandra Fernández, que ha cuestionado que «la discriminación positiva no es siempre la solución» porque, en su opinión, «beneficiar a la mujer solo por serlo no ayuda a la igualdad».
La diputada de Ciudadanos Olga Ballester ha expresado su indignación por un artículo que determina que en las convocatorias de ayudas para investigación se establezca como criterio de desempate que sea una mujer la que lidere el proyecto, ya que considera que esto no promueve la paridad.
La diputada del PI, Maria Antonia Sureda, ha expresado su preocupación porque esta ley, en cuanto a regulación del aborto, sea suspendida por una normativa estatal, mientras ha criticado la falta de regulación de la custodia compartida.
Los grupos parlamentarios que apoyan la ley, PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos, han expresado su satisfacción por la aprobación de esta normativa que busca luchar contra el sistema de «patriarcado» de la sociedad, y han enfatizado en la necesidad de acabar con la «violencia machista».
«Estamos ante una situación de emergencia social», ha dicho la diputada socialista Silvia Cano, quien ha asegurado que se trata de una normativa «ambiciosa» con el fin de que «la igualdad llegue a todos los rincones», lo que la convierte en una de las normativas en esta materia «más completas del Estado».
La diputada de MÉS per Mallorca, Margalida Capellà, ha hecho un alegato de la necesidad de seguir luchando contra una sociedad machista y ha enfatizado en la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ganan un 19 % menos a pesar de tener una mayor formación. En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castell, para quien con esta ley el Govern asume «un compromiso ingente», y que supone «un paso necesario» aunque no es suficiente porque aún queda desplegarla.
La diputada de Podemos, Marta Maicas, considera que esta ley «es un enmienda la historia» con el fin de continuar en el camino de la lucha contra la desigualdad, que pretende ser «un cambio de paradigma social». «Nos están matando por ser mujeres y queremos ser libres», ha dicho Maicas en alusión a la violencia machista.