La comparecencia de la presidenta Francina Armengol ante el Parlament para explicar el Régimen Especial Balear (REB) –cuya primera parte se aprobó en el último pleno del Congreso de esta legislatura– derivó ayer en un debate preelectoral y no aportó nada que ya se hubiera explicado antes.
Lo más parecido a una novedad fue un comentario del presidente del PP, Gabriel Company, que explicó que se pasó «toda una tarde al teléfono» para convencer a la dirección del grupo parlamentario del Congreso para que no se opusieran a la modificación del orden del día que permitió aprobarlo y para, después (pese a estar convencido de que no aportaba nada nuevo) conseguir que lo votaran a favor.
550 millones
Armengol y Company no se salieron ni un ápice del guión previo. La presidenta mantuvo que pese a los juegos de efecto del líder ‘popular' (que sacó un documento con membrete de Hacienda, uno de los muchos que se manejaron) nunca se fijó una cantidad para el fondo de insularidad cuando Montoro era ministro –lo que Company se empeñó en desmentir– y que ni siquiera habían cerrado el compromiso de que eso debía garantizar que Balears quedara en la media de la financiación.
La presidenta, en todo momento, habló del REB como si fuera uno (incluyendo la parte fiscal y no la que se aprobó por decreto ley) y confió en que gobierne quien gobierne tras las elecciones, se aplicará. Company dijo que si su partido llega al Gobierno «dotará» al REB.
Según al presidenta, en línea con la que ya explicó el día que anterior a su aprobación por el Congreso, afirmó que su impacto sobre Balears será de «unos 550 millones» de euros anuales en inversión, medidas fiscales y mejora del transporte y, además, tal como ha remarcado, propiciará «la llegada de más de 1.600 millones de euros» en materia energética.