El Tribunal Supremo revisará la campaña iniciada por el Govern para que se devolvieran cantidades millonarias al SOIB por subvenciones otorgadas a sindicatos y patronales para llevar a cabo cursos de formación para parados. La Sala de lo Contencioso ha admitido a trámite el recurso presentado por UGT contra la sentencia del TSJB que confirmaba que tenía que devolver 69.000 euros. Era una de las resoluciones más bajas: A la CAEB se le reclamaban 864.000 euros y también hubo reclamaciones a PIMEB y a la Fundació per a la Formació i la Recerca. En todos los casos, las entidades que obtuvieron la subvención subcontrataron con empresas la realización de los cursos. El Govern inició en 2013 una revisión de las subvenciones y reclamó que se devolvieran cantidades no justificadas.
Esos procesos se refieren a fondos entregados hace más de una década. Según la administración sólo es válida la justificación de los fondos si las entidades acreditaban que el coste era el mismo al que se hubiera pagado si no se hubieran subcontratado los servicios.
Ahí es donde el Tribunal Supremo da trámite al recurso del sindicato. Sobre hasta qué punto puede o no la administración reclamar la justificación de una actividad que ha sido subcontratada. En concreto si se debe acreditar en qué se ha gastado cada partida o si es suficiente con controlar si los costes responden a precios normales de mercado, tal y como defiende el sindicato.
Control
El TSJB entendió en sus sentencias que la administración puede controlar no sólo ese valor sino si los gastos en los que se incurrió por parte de la subcontratada fueron reales y que estos deben estar justificados, algo que no hicieron ni patronales ni sindicatos.
Para el Supremo se trata de una discrepancia que aún no ha sido estudiada por la Sala y que, por lo tanto, tiene interés casacional para que sus magistrados se pronuncien al respecto. Así, admite a trámite el recurso del sindicato sólo por ese motivo. Se pronunciará a través de una sentencia que todavía tardará meses en ser redactada.
En total en estos procedimientos, el Govern reclamaba en torno a dos millones de euros. Las resoluciones en las que exigía la devolución fueron firmadas por el Ejecutivo en el año 2016 y fueron recurridas.