La regulación definitiva de la presencia de cruceros en Balears –un asunto que compete a varias administraciones– llegará de mano de una ley que aún no se ha empezado a redactar pero que se aprobará «en paralelo» a la ley que regulará el «turismo de excesos» y el todo incluido.
Así lo anticiparon ayer fuentes socialistas después de que la portavoz del grupo parlamentario, Silvia Cano, asegurara en un primer momento que esta cuestión, la regulación de la presencia de cruceros, se abordaría en la misma ley que la que abordará el turismo de excesos. El PSIB informó de que Cano se había equivocado. En cualquier caso, indicaron estas fuentes socialistas, será mediante una ley
Lo que, en ningún caso, hará el PSIB, ni el resto de partidos del Govern, es aprobar la proposición no de ley que el PP lleva al pleno parlamentario de hoy y que se centra en cuestiones que tienen que ver con el turismo. Partiendo de que la presencia de cruceros es «positiva», el PP plantea una serie de actuaciones.
Por su parte, la Plataforma contra los Megacruceros registró ayer la solicitud de una moratoria de llegada de cruceros en la Autoritat Portuària de Balears (APB), el Govern, el Consell de Mallorca y Cort. El portavoz de Palma XXI, Jaume Garau, explicó que el objetivo es que no se contraten los cruceros para 2022 (los de antes ya lo están) hasta que se hagan los estudios pertinentes que determinen cuántos pueden llegar a Palma en un día. En su opinión, uno grande o dos pequeños. Garau aseguró que un crucero atracado en el puerto contamina tanto como todo el tráfico que circula por el Passeig Marítim.