La Fiscalía Anticorrupción en Baleares vuelve a ser unipersonal después de 15 años. El ministerio público dejará en un único delegado este área en las Islas a raíz de la marcha de la fiscal Laura Pellón para ocupar uno de los siete puestos que le corresponden a España en la nueva Fiscalía Europea que inicia su andadura el próximo uno de junio.
Pellón llevaba en Anticorrupción desde el año 2017, cuando ocupó la plaza que dejó vacante Pedro Horrach, fiscal, entre otros del ‘caso Nóos' para dedicarse a la Abogacía. En ese momento, Anticorrupción en las Islas contaba con cuatro delegados: además de Pellón, Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas. Esta última dejó la delegación por motivos personales y Subirán fue expulsado en 2019 tras se relevado del ‘caso Cursach' y sus derivadas que han terminado con él imputado en el TSJIB y con su jubilación forzosa por incapacidad.
Según el ministerio público, la rebaja de la carga de trabajo de Anticorrupción en las Islas lleva a que se haya valorado que no sea necesario más de un delegado. Así pues, Juan Carrau, asumirá todas las causas que tiene abiertas la Fiscalía especializada.
Permanecen pendientes juicios como los de los casos ‘Peaje', ‘Multimedia', ‘Pas el Camí' o Cursach y sus derivadas, aunque estos serán asumidos por fiscales de Madrid. Además, en Instrucción hay abiertas otras causas como ‘Calanova' o el caso en torno a la Autoritat Portuària, que permanece en su fase inicial y todavía está bajo secreto sumarial. Al frente de estas dos causas estaba Pellón.
La fiscal se incorpora a uno de los proyectos de cooperación internacional en materia penal más ambiciosos puestos en marcha por la Unión Europea. Fiscales de 22 países diferentes investigarán posibles fraudes a los presupuestos de la UE, entre ellos el destino de los fondos europeos en cada país. Además se encargarán de cuestiones relativas a blanqueo y corrupción.
Macrojuicios pendientes sin sitio para celebrar
Anticorrupción tiene pendientes varios macrojuicios que aún no ha señalado la Audiencia porque no tiene lugar para celebrarlos manteniendo las medidas anti COVID-19. Ocurrió con el del ‘caso Peaje' –tuvo que ser aplazado– y con otras causas como los cuatro juicios del ‘caso Cursach'.