La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, se mostró ayer a favor de la vacunación obligatoria, pero reconoció que el Govern no tiene competencias para imponerla. El Consell de Govern aprobó hace meses un decreto en el que se facultaba a la consellera de Salut, Patricia Gómez, a aprobar una orden para obligar a vacunarse a todo el personal sociosanitario.
La consellera aseguró que desde el Gobierno central les habían advertido de que Balears no tiene competencias para obligar a vacunar a determinado personal, ni sanitario ni sociosanitario.
Fina Santiago defendió esta obligación y opinó que, si en lugar de morir personas de la tercera edad murieran jóvenes y menores, no se estaría debatiendo sobre la obligatoriedad de la vacuna. «Si la mortalidad se hubiera dado entre la población más joven, la dicotomía economía-salud no se habría dado», opino Santiago, quien insistió en que se trataba de una opinión personal.
La consellera aseguró que, dado que no se puede imponer la vacunación, es preciso tomar medidas para fomentarla. En esta línea defendió la necesidad de estar vacunado o de hacerse una PCR tres veces por semana para trabajar en las residencias.
También recordó que, a partir de septiembre, será preciso estar vacunado o presentar una prueba PCR para participar en entrenamientos y competiciones deportivas o para acceder a los gimnasios, donde hay más riesgo de contagio que en otras actividades, según Santiago. «No obligamos, pero damos alternativas», señaló.
En relación al proceso de vacunación y a la evolución de la pandemia, la presidenta del PP balear, Marga Prohens, anunció ayer que su partido ha registrado una petición de comparecencia urgente en el Parlament de la consellera de Salut, Patricia Gómez. «Debe explicar cuanto antes la situación en la que se encuentran los hospitales tras las denuncias de los trabajadores», señaló Prohens en una rueda de prensa.
Afirmó que Balears es la comunidad con mayor porcentaje de ocupación de camas y de mayor tasa de ocupación en las UCI, solo por detrás de Catalunya, y dijo que Son Espases se ha convertido en un «hospital de campaña», tal y como denuncian sus propios trabajadores.
En relación con la gestión de la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears informó ayer de que ha decidido aplazar la comparecencia de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por el confinamiento de los jóvenes en viaje de estudios afectados por el macrobrote.
Los efectos secundarios de la vacuna es otro tema con el que se tendrá que lidiar, porque nadie sabe que efectos a medio-largo plazo puede tener (ya han publicado tres incluso por este medio...) pero poca solución presentan las autoridades ya que a toro pasao y exentos de responsabilidades todo está montado para que sigan investigando si, pero con nosotros. Y este tema es aún más oscuro, la obligatoriedad. Una sustancia que no se puede llamar vacuna, pero digo yo. Si la ponen obligatoria, ¿Tendrán responsabilidades no? ¿Primero tendrán que reconocerla como tal? ¿Si las otras no son obligatorias, porque esta si? Nos pisan nuestros derechos constitucionales y aún hay gente que lo aplaude o piensa que esta dictadura no va con ellos si se dan pinchacito... Luego el enemigo es el no vacunado.