La convalidación del Decreto para el turismo responsable será uno de los temas a debate en el pleno de este martes en el Parlament, que comenzará a las 09:00 horas, con la sesión de control al Govern, que se centrará de nuevo en el decreto de simplificación administrativa.
El Decreto para el turismo responsable, que renombra el anterior de 'turismo de excesos' y que incluye, como novedad, la prohibición de beber alcohol en la calle en las zonas reguladas con sanciones que van de los 500 a los 1.500 euros, fue aprobado en la reunión del Consell de Govern del pasado 10 de mayo. También como novedad, el decreto tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La nueva redacción incluye algunas correcciones y modificaciones en favor de una mayor operatividad del Decreto, para que se adapte a la situación actual y nace de las reuniones mantenidas entre el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y los principales actores del sector turístico de Baleares.
De este modo, por ejemplo, se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y Sant Antoni de Portmany, y se modifican las de Calvià, que disminuye en metros, y Llucmajor, a petición expresa de los ayuntamientos. También se modifica la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.
Igualmente queda prohibido para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo acercarse a menos de una milla náutica (1,852 km) de las zonas afectadas por este Decreto. Queda prohibida también la recogida o desembarco de pasajeros dentro de estas zonas.
Y, por otro lado, se establece el deber, por parte de los ayuntamientos afectados por este Decreto, de informar, con una periodicidad mínima anual, a los consulados que forman parte de la Comisión de Excesos del número de incidencias detectadas por incumplimiento de las ordenanzas cívicas municipales.
Asimismo, el Decreto incluye una reserva de un máximo de cuatro millones de euros anuales del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) para cada uno de los municipios afectados. En total serán 16 millones anuales para la financiación de proyectos referentes a medidas de mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en las zonas determinadas y afectadas por este Decreto.
En relación a esta norma, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticado que les hagan debatir un Decreto del que "lo único que ha cambiado", en su opinión, "es el nombre", porque, ha añadido, la política contra el turismo de excesos del Govern "es exactamente igual que la del anterior gobierno".
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, sin embargo, ha defendido este Decreto "como ejemplo de la apuesta por un turismo sostenible de los gobiernos del Partido Popular".
Simplificación administrativa
Previamente al debate del Decreto, el pleno acogerá la sesión de control al Govern que, este martes, se volverá a centrar sobre todo en el decreto de simplificación y racionalización administrativas.
En cuanto a la simplificación administrativa, los grupos de la oposición han cargado contra el Govern y su líder, Marga Prohens, a quien han acusado de "llenarse la boca con consenso" con la mesa del pacto social y, paralelamente, aprobar este Decreto.
"Habla de consenso y lo destroza en 48 horas con la aprobación del decreto", ha lamentado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, quien, en esta línea, ha opinado que "no queda duda" de que la presidenta "ha engañado con la propuesta de la mesa".
También se ha referido al decreto la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido, quien ha acusado al PP de "hacer un discurso aparentemente preocupado por la sostenibilidad de Baleares, para parar la masificación, o preocupado por los recursos naturales, mientras aprueba uno de los decretos más nocivos y destructores del territorio de las islas en la historia de esta comunidad autónoma".
De su lado, MÉS ha tildado la norma del "decreto de la barra libre", al haberse hecho, en su opinión, "con la óptica de seguir masificando Baleares", lo que "rompe el discurso de la presidenta" de querer acabar con la "masificación en esta tierra".
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha opinado que el decreto es "una tomadura de pelo", avisando al Govern que "agilizar cuando se elimina no tiene mérito". "Fomentar pelotazos y legalizar y legalizar; eso sí es corrupción", ha concluido.
El PP ha interpretado, de las críticas de la oposición, que está "profundamente celosa". "No pueden consentir (la oposición) que Marga Prohens haya tomado más medidas para buscar el equilibrio en menos de un año que el Govern de Armengol en ocho años", ha dicho el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.