El Grupo Popular en Baleares criticó este martes que la izquierda se haya opuesto a una transacción para prohibir la legalización de viviendas fuera de ordenación en zonas inundables. Finalmente, el pleno del Parlament aprobó ayer, con los votos a favor de PP y Vox, la ley de simplificación administrativa sin haber alcanzado un acuerdo en relación con la legalización de viviendas o la construcción en zonas inundables.
Poco después de iniciarse el pleno en el Parlament balear, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, anunció la presentación de una transacción a una enmienda relativa al decreto de simplificación administrativa. «No se legalizará en zona de riesgo ninguna vivienda que no pueda garantizar su seguridad ante una emergencia meteorológica», anunció.
Inicialmente, el pasado lunes el PP había acordado con MÉS tres puntos para garantizar la seguridad en las zonas de riesgo y así, se aceptaba la prohibición de nuevas viviendas y equipamientos públicos sensibles como escuelas o centros sanitarios en estos espacios. También, la prohibición de nuevos suelos urbanizables en estos mismos lugares, así como dejar fuera de la regularización de viviendas sin ordenación aquellas ubicadas en zonas inundables, permitiendo ejecutar obras y actuaciones para su protección en caso de emergencia. Este acuerdo alcanzado el lunes, sin embargo, no fue respetado por Més un día después.
El decreto
Aunque el PP celebró la aprobación definitiva como ley del decreto de simplificación administrativa, la formación lamentó que los grupos de la izquierda en el Parlament votaran en contra de una medida «tan necesaria y esperada por nuestra sociedad» y tacharon de «irresponsable e incomprensible» su rechazo al texto.
«Una vez más, la izquierda demuestra estar desconectada de las necesidades reales de las familias y las empresas, anteponiendo su ideología a medidas prácticas y efectivas que benefician a todos», declararon.
Desde el PP resaltaron la importancia de la ley aprobada que, entre otras cosas, contempla incentivos fiscales para los gastos derivados del cuidado de mayores y medidas de apoyo para trabajadores públicos en plazas de difícil cobertura, junto con beneficios para profesionales sanitarios, docentes, Policía Nacional y Guardia Civil.
El PP Baleares criticó la postura del PSOE en cuanto a la regulación de zonas inundables mostrando «una clara falta de voluntad para alcanzar acuerdos de consenso que beneficien a los afectados, priorizando intereses partidistas por encima de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y dejando de lado soluciones urgentes para mitigar riesgos en áreas vulnerables frente a inundaciones». En cuanto a las transacciones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, se proponen diversas mejoras para reforzar la protección urbanística en las zonas inundables con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las personas y los bienes, «garantizando una ordenación territorial más responsable y proteger el territorio frente a los riesgos asociados a inundaciones», destacaron desde el PP balear.
En nombre de los socialistas, la diputada Mercedes Garrido calificó de «nefasta» esta ley y echó en cara al PP que «solo sepa negociar» con Vox. «El PP -afirmó- ha cometido el mayor atentado contra el territorio y los consensos territoriales de los casi 42 años de historia de la autonomía de Baleares». Además, Garrido criticó la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
En este contexto, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon denunció que el PP haya apostado por la «destrucción» del territorio y haya «antepuesto» los intereses económicos a la vida de las personas.
La simplificación administrativa no es «ni amnistiar casas en suelo rústico, ni legalizar casas en zonas de riesgo, ni prescribir los usos ilegales, ni hacer chaletarros con piscina, ni aumentar los visitantes a Cabrera, ni privatizar servicios públicos», según añadió.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, aseveró que esta ley supone uno de los «atentados más graves» contra el territorio balear y ha mantenido que el contenido de la misma no tiene nada que ver con la simplificación administrativa. También ha lamentado que el Govern esté «en manos» de los «negacionistas» de Vox.
La diputada de Podemos Cristina Gómez sostuvo que «simpliflicar no es desregularizar», ni tampoco dar el visto bueno a casas ilegales.
Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras afirmó que «sobra normativa y sobran procedimientos», por lo que es necesario «desregularizar» y, si de dependiera solo de este partido, se habría «derogado directamente toda la normativa» aprobada por los partidos de izquierda.
De las Heras se preguntó si tiene algún sentido que prescriba el delito de asesinato y no así las construcciones ilegales. «Se llama seguridad jurídica», apostilló.
El conseller Antoni Costa insistió que la ley era «absolutamente necesaria» por las «importantes» medidas de vivienda, educativas, sociales y fiscales aprobadas y que responden al compromiso del PP con su programa electoral y con los ciudadanos.
El debate
Cabe recordar que el dictamen del decreto ley de simplificación administrativa iba a votarse ayer en el Parlament dos semanas después de lo que estaba inicialmente previsto, tras un aplazamiento para que PP y oposición pudieran buscar un texto consensuado sobre las actuaciones urbanísticas que se prohibirán en zonas inundables.
El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, esperaba el lunes que el PP no permitiera legalizar edificaciones fuera de ordenación en zonas inundables.