La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el pago de sueldos a unos 800.000 empleados públicos afectados por la paralización de la Administración federal iniciada el 1 de octubre, que sigue sin resolución. En el quinto día de cierre parcial, y en una muestra rara de bipartidismo, 407 miembros de la Cámara donde los republicanos son mayoría aprobaron la medida y ninguno votó en contra.
El Senado, donde los demócratas ejercen la mayoría, votará más tarde sobre la medida que, si es respaldada, deberá luego ser promulgada por el presidente Barack Obama. De esta forma, aunque la paralización de la Administración se prolongue y los republicanos argumenten que buscaban imponer al gobierno una reducción de gastos, los empleados que no trabajen tienen garantizado que cobrarán igual sus sueldos.
El cierre parcial del Gobierno desde el 1 de octubre es el resultado de la negativa de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a aprobar fondos para el funcionamiento de la burocracia federal a menos que se prive de recursos a la reforma sanitaria promulgada por el presidente Barack Obama en 2010, que ha entrado en su fase decisiva.
En su mensaje sabatino, Obama instó ayer a los republicanos a que «pongan fin a esta farsa y terminen la paralización» del Gobierno, votando una asignación de fondos sin otras condiciones. «El Senado ya lo ha hecho y hay en la Cámara de Representantes suficientes votos republicanos para hacer lo mismo», añadió Obama.
Reproches
El presidente y los demócratas reprochan al presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, que no quiera someter a voto la propuesta del Senado, aunque exista supuestamente una mayoría a favor, para no suscitar la cólera de la facción más extremista del Partido Republicano.
Los congresistas republicanos apoyados por el Tea Party, un movimiento ciudadano contrario a la subida de impuestos, al Gobierno excesivo y a la intromisión de las autoridades en los derechos individuales, han aprovechado el trámite presupuestario para intentar torpedear la ley sanitaria de Obama.
Consideran, entre otras cosas, que esta ley viola los derechos ciudadanos, al obligar a todos los estadounidenses a contratar un seguro médico privado.