El Gobierno griego ultima la lista de reformas detalladas que debe enviar este lunes a Bruselas para que los socios de la eurozona decidan si finalmente extienden la financiación de Grecia, y mantiene el optimismo sobre una respuesta afirmativa que siente las bases para un acuerdo más amplio.
Los miembros del Ejecutivo mantienen reuniones maratonianas para elaborar las medidas precisas, que se centran en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción y la reforma del sector público.
El ministro de Estado, Nikos Pappás, afirmó hoy que el principio de acuerdo logrado en el Eurogrupo del pasado viernes es un «paso pequeño, pero muy importante, porque va en la dirección opuesta a los pasos que hemos dado antes».
En declaraciones a la televisión privada Mega, uno de los colaboradores más cercanos al primer ministro, Alexis Tsipras, señaló que entre las propuestas estará la ley que amplía el número de personas que pueden acogerse a los 100 plazos para pagar sus deudas con la Hacienda, ya que es una medida «para aumentar los ingresos fiscales».
Esta propuesta estará acompañada de las previsiones del Gobierno, que estima que su puesta en marcha proporcionará ingresos instantáneos al Estado, pues contiene fuertes incentivos.
Esta previsto que el proyecto de esta ley se presente la próxima semana en el Parlamento,
En referencia a la actividad legislativa, Pappás afirmó: el Gobierno no está dispuesto a «atarnos las manos y simplemente esperar a completar todos los tiempos», y aunque destacó que está abierto a «discutir» las propuestas, «hay cuestiones de soberanía relativas a las políticas internas que están fuera de la negociación».
«Seguimos con la misma determinación y fieles al mandato popular», remarcaron fuentes gubernamentales tras una de las reuniones del Consejo de Ministros, algunas de las cuales han insistido en las últimas horas en que el Gobierno mantendrá sus «líneas rojas».
Entre estas está el aumento del salario mínimo, que fuentes gubernamentales aseguran que está relacionado con el sector privado y no tiene un coste presupuestario directo, la congelación de las pensiones y la no subida de impuestos como el IVA.
Son temas en que la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) fue estricta con el Gobierno anterior del conservador Andonis Samarás, y ahora Tsipras busca ganar tiempo para presentar sus propias reformas.
El listado especifica los planes para luchar contra la evasión de impuestos, según apunta el diario digital «TheToc».
El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, ha elaborado un estudio que estima que se pueden recaudar 1.500 millones de euros combatiendo el contrabando de combustible, 800 millones de la lucha contra el contrabando de tabaco y 2.500 millones haciendo frente a la corrupción.
El Gobierno calcula que con los ingresos que provengan de este plan y de las deudas no pagadas se puede financiar un paquete de medidas para acabar con la crisis humanitaria y que recogen ayuda alimentaria, electricidad gratuita, alojamientos en viviendas o acceso universal a la sanidad.
Se incluyen además varias de las recomendaciones que Grecia pretende desarrollar junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Atenas envió hoy un listado de tres páginas a las instituciones para recibir una primera valoración y perfilar las propuestas que enviará mañana a los socios.
«Esperamos y estamos casi seguros de que vamos a conseguir un sí de las instituciones», afirmó el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, quien explicó que si la respuesta es afirmativa «habrá una conferencia telefónica con las instituciones y automáticamente avanzará el proceso», y en caso contrario «se celebrará un nuevo Eurogrupo».
Las propuestas griegas serán examinadas durante una conferencia telefónica en que participarán el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovisi; el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Este optimismo parece que no ha calado en Alemania, cuyo Parlamento es uno de los que debe aprobar la extensión del crédito y donde supeditan la ampliación al análisis de las reformas que proponga Atenas y, sobre todo, a lo que ocurra dentro de cuatro meses, cuando se tengan que negociar nuevos créditos.