Los cerca de 5.000 civiles y milicianos evacuados este viernes de los pueblos chiíes de Fua y Kefraya, en la provincia siria de Idleb (noroeste), fueron blanco este sábado de un ataque con coche bomba, que dejó al menos 43 muertos y decenas de heridos.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que la explosión se produjo en la zona de Al Rashidín, a las afueras de la la ciudad de Alepo (norte), donde las víctimas estaban esperando desde este viernes a ser trasladadas a su destino final.
Según la ONG, el vehículo que estalló es un cuatro por cuatro tipo furgoneta (pick-up) y provocó una gran destrucción en los autobuses a bordo de los cuales los evacuados llegaron a Alepo y esperaban ser llevados al pueblo de Yebrín, cercano a la urbe.
Imágenes de los momentos posteriores a la explosión muestran los autobuses carbonizados y numerosos cadáveres esparcidos en los alrededores de los mismos, así como sobresaliendo de las ventanillas de los vehículos, que estallaron con la deflagración.
Entre los cuerpos, algunos de pequeñas dimensiones, hay mantas, ropa y enseres personales de los evacuados, que abandonaron sus hogares en Fua y Kefraya, después de haber permanecido cercados durante más de dos años por varias facciones islámicas e insurgentes.
La agencia de noticias oficial siria, SANA, informó de que decenas de civiles fallecieron y resultaron heridos, y destacó que la mayoría de las víctimas son niños y mujeres, de las familias evacuadas de Fua y Kefraya.
Según el corresponsal de la agencia en Alepo, el coche bomba se introdujo en la zona con el pretexto de entregar ayuda humanitaria, pero no precisó quién podría haberlo conducido hasta allí.
El Observatorio informó este viernes de que entre los evacuados hay 1.300 milicianos leales al Gobierno sirio, pero precisamente el número de los hombres armados que salieron de las poblaciones sitiadas causó una disputa entre las partes y bloqueó el traslado durante más de 36 horas.
La evacuación dio comienzo este viernes en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre el grupo chií libanés Hizbulá e Irán, aliados de Damasco, y la facción siria Ejército de la Conquista, y que fue auspiciado por Catar.
El pacto incluye la salida de combatientes rebeldes y sus familias de las localidades de Madaya y Al Zabadani, ubicadas al noroeste de la capital siria y sitiada por las fuerzas gubernamentales.
Poco después de la explosión de este sábado, se reanudó el proceso de evacuación, tanto de los residentes de Fua y Kefraya, como de los más de 2.000 civiles y combatientes que salieron este viernes de Madaya y que también se habían quedado bloqueados a las afueras de Alepo.
Desde el día de este viernes, la Media Luna Roja siria les había prestado asistencia en esa área, aunque algunos de los evacuados se quejaron de que no les han ofrecido comida caliente y que apenas han podido bajarse de los autobuses.
Según testimonios recogidos por el Observatorio, los equipos de la Media Luna Roja sólo les dieron «agua, galletas y conservas».
La ONG señaló que, después de que se completaran los «trámites logísticos», los autobuses empezaron a moverse para finalizar el proceso que dio comienzo el viernes al amanecer.
Los vehículos que transportan a los evacuados de Madaya emprendieron esta tarde el camino desde la zona de Al Ramusa hacia la provincia de Idleb (noroeste), controlada por los insurgentes.
Mientras que el convoy de Fua y Kefraya se dispone a entrar en la ciudad de Alepo, dominada por las autoridades sirias.
Por el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque, cuyo objetivo parecen ser los evacuados chiíes, pero también podrían haber sido los insurgentes que los custodiaban en Al Rashidín.
El grupo Liberación del Levante (exfilial siria de Al Qaeda) difundió a través de su cuenta de Telegram información y fotografías de la explosión, y responsabilizó de la misma al grupo chií Hizbulá.
Según un breve comunicado, el coche bomba estaba cargado con metralla y explosivos, y fue detonado «de forma deliberada» por un miembro de la milicia libanesa, que huyó del lugar rápidamente.
Asimismo, añadió que la mayor parte de las víctimas son «revolucionarios», en referencia a los combatientes insurgentes, y trabajadores de organizaciones humanitarias.
Ni el Observatorio ni otras fuentes han confirmado esta información.