La ONG Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer de que los menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, aquellos en los que ingresan menores con trastornos de conducta y en situación de exclusión social, «pueden ser víctimas de abusos, malos tratos, aislamiento o medicación forzada», quedando estos casos «invisibilizados e impunes por las lagunas legales existentes».
Según explicaron en rueda de prensa el portavoz de Amnistía Internacional en Andalucía, Raúl Villalba, y el responsable del Equipo de Menores de Amnistía Internacional España, Carlos Sanguino, los menores que ingresan en estos centros bien derivados de otros dispositivos del Servicio de Protección de Menores o a solicitud de los padres «están totalmente indefensos ante los abusos que con ellos se cometen».
Así, relatan que «en primera instancia, las Administraciones ni siquiera ofrecen datos fidedignos del número de centros de este tipo que existen, las plazas que tienen o los menores que hay ingresados». De hecho, afirmaron que mientras en el caso de Andalucía, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta comunicó al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que en la comunidad existían 21 centros de protección terapeúticos, en la información dirigida a AI los cifró en 27.
Además, tal y como criticaron, «tanto la Administración pública como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleve a cabo cualquier tipo de investigación independiente e incluso de instituciones como la del Defensor del Pueblo».
Según el informe 'Si vuelvo, me mato' elaborado por la organización a partir de 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, entre los castigos más frecuentes están «amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento, encerrarles en celdas de aislamiento, prohibir las visitas familiares», así como las ataduras o la medicación forzada como medida sancionadora.