El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela asegura que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón «decidió conscientemente ignorar u orillar» la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Así lo asegura Varela, instructor de las querellas por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS interpusieron contra Garzón, en un auto en el que rechaza la petición de sobreseimiento de la causa formulada por el abogado del magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda.
Aunque Varela no ha acordado todavía la apertura de juicio oral a Garzón -ya que la resolución que notificó ayer puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Supremo y, por tanto, no es firme-, sí dice que hay motivos para juzgarle, lo que decidirá una vez que este auto sea firme.
Según explica, el querellado era consciente de que carecía de competencia para instruir una causa sobre dichas desapariciones y de que «no existían hechos con relevancia penal subsistente que justificaran la incoación de un procedimiento penal».
Para Varela las actuaciones de Garzón revelan, «como hecho probable», que éste «actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España».
Delito de prevaricación
El instructor concluye que Garzón «decidió conscientemente ignorar u orillar» la voluntad de las Cortes, que promulgaron en 1977 la Ley de Amnistía, y añade que «tal hecho puede constituir el delito de prevaricación» por el que fueron admitidas las querellas.
«Desde luego, los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido», señala.
El auto, de 55 folios, analiza las resoluciones dictadas por Garzón hasta que se inhibió a favor de los juzgados territoriales en noviembre de 2008 y concluye que éstas son objetivamente contrarias a Derecho.