España pide explicaciones a Venezuela por su presunta relación con ETA

El Gobierno ha pedido explicaciones a Venezuela después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco asegurara que hay indicios de «cooperación» del Gobierno de Hugo Chávez con la alianza entre ETA y las FARC colombianas, una información que Caracas ya ha negado y ha tachado de «tendenciosa e inaceptable».
El juez Velasco denuncia la «cooperación gubernamental» de Venezuela en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Àlvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana.
Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados -todos menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España- y solicita su extradición a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, países en los que residen.
Objetivos
El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC -Edgar Gustavo Navarro Morales, 'El Mocho', y Víctor Ramón Vargas Salazar, 'Chato'- se trasladaron a España y pidieron «colaboración» a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y «más recientemente» trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Àlvaro Uribe.
Los etarras procesados son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldua Corta, José Àngel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Omar Arturo Zabala Padilla, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arando por colaboración con banda armada.
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, 'Raúl Reyes', concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de la «localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC» y formación en «las técnicas más modernas de guerrilla urbana».