Miles de funcionarios toman las calles de toda España en protesta

Miles de personas, mayoritariamente funcionarios, empleados públicos y jubilados, se manifestaron ayer en las capitales de todo el país para protestar contra el recorte salarial para este año, que oscilará entre el 0,56 y el 7%, así como contra la congelación de las pensiones en 2011.
Al mismo tiempo que el Gobierno aprobaba el decreto ley que incluye estas medidas, miles de personas exigían en las calles la dimisión del presidente Zapatero.
En Madrid, centenares de personas se concentraron desde las 18 horas frente al Ministerio de Economía y Hacienda para exigir una rectificación al Gobierno y quejarse del poco valor que el Ejecutivo da al trabajo de los funcionarios.
Entre pancartas de «No a los recortes salariales ni sociales» o que «La crisis la paguen los culpables», los manifestantes tachaban de «injusticia» y de «antisocial» el paquete de medidas de ajuste previstas por el Gobierno.
En Barcelona, más de un millar de funcionarios lanzaron huevos contra la sede de la Subdelegación del Gobierno, al tiempo que hacían un llamamiento a la movilización general, fijada para el 8 de junio, por el «ataque a los derechos sociales».
También en Castilla y León cerca de 5.000 personas se concentraron frente a todas las subdelegaciones del Gobierno para decir que los perjudicados por el recorte son «los funcionarios que cuidan a los enfermos en los hospitales, a los más mayores y los que educan a los niños en los colegios», entre otros colectivos.
Asimismo, en Sevilla se concentraron miles de personas bajo el lema «Por la calidad de los servicios públicos», mientras que en otras capitales de provincia, como en Santander, cientos de funcionarios cortaron la principal arteria urbana de la ciudad.
Por la mañana, los principales dirigentes de los sindicatos de la Función Pública, CCOO, UGT y CSI-CSIF, insistieron en que recurrirán el decreto-ley porque es «discriminatorio», no tiene garantías de «ecuanimidad» y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado salario.
Criticaron la «burla» del Gobierno al convocar horas antes del Consejo de Ministros la Mesa General de la Función Pública para no informar de nada.
La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, alegó que la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y sólo suspende los artículos que se refieren a la revisión salarial.